El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ha alegado ante el Supremo que la causa contra el "procés" será "un juicio a la democracia y a su capacidad para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana pacífica", al tiempo que ha lamentado la "criminalización" del independentismo catalán.

Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva han recurrido ante la sala de lo penal del Supremo el auto en que el juez Pablo Llarena acordó procesarlos por los delitos de rebelión y malversación por impulsar la hoja de ruta unilateral a la independencia.

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, ambos acusados sostienen que el "verdadero campo de debate" en la causa por el "procés" es "si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos".

Asimismo, el escrito denuncia ante la sala de lo penal del Supremo que Llarena está instruyendo la causa con un "sesgo a favor de las acusaciones" y "criminalizando" el independentismo catalán, pese a que éste es "pacífico y legal".

Para la defensa, en la causa contra los líderes del "procés" se ha llevado la "criminalización de una ideología política" como es el independentismo, cuando se trata de un proyecto "legal y legítimo" que ha competido "en todas las contiendas electorales recientes y nunca ha sido sometido a acción penal alguna".

La defensa reprocha a Llarena que muestre una "valoración política" de los hechos que instruye, al afirmar en varias resoluciones que "la ideología independentista o bien se ceñía a la reforma constitucional por la vía de la propia Constitución española o bien asumía un enfrentamiento violento".

"El proceso catalán es, por definición, un proceso pacífico y legal", agrega el recurso, que cree que Llarena podría estar lesionando "derechos fundamentales como son los de libertad de conciencia o la proscripción de la persecución de la disidencia política en el marco constitucional", cuando defiende en su auto que el Estado debería mantener vigente el artículo 155 dado que el proyecto independentista permanece "larvado".

El recurso recuerda que el derecho a la autodeterminación "forma parte del patrimonio jurídico de los estados democráticos y, precisamente por ello, perseguir la independencia de una parte del territorio es una opción política legítima dentro de una democracia no militante".

Según la defensa, los supuestos indicios incriminatorios que el juez enumera en su auto, como la existencia de un Consejo Asesor para la Transición Nacional o la confección de un "Libro Blanco de la Transición Nacional", son en realidad "actuaciones políticas que el instructor interpreta en clave ilegítima cuando no lo son".

El recurso insiste en que las personas que blindaron los centros de votación del 1-O lo hicieron "sin violencia. Y es que resulta lógico que intentaran los ciudadanos protegerse ante la barbaridad de la actuación policial, cuya desproporción es evidente y así se reconoce en todo el mundo".

Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, critica en su recurso la falta de "neutralidad" del juez instructor, así como "la degradación del proceso a fórmulas propias del sistema inquisitivo" y su tendencia a "polemizar" con los investigados, "reprochándoles sus respuestas" cuando les toma declaración.

Para el abogado, el hecho de que existan varias causas abiertas por el proceso independentista en distintos juzgados es también "un claro ejemplo de la utilización estratégica de las reglas del proceso penal" por parte de Llarena, al que además reprocha que base sus indicios en pruebas "obtenidas de forma ilícita".