El juicio al expresidente del Parlament Roger Torrent y los miembros soberanistas de su Mesa por desobediencia al Constitucional corre el riesgo de aplazarse, a una semana del inicio, tras el recurso presentado por la Fiscalía contra la recusación de uno de los magistrados que debía juzgarlo.

Según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra su decisión de apartar al magistrado Carlos Ramos de la sala que a partir del próximo miércoles tiene previsto juzgar a Torrent, ahora conseller de Empresa, y a los diputados de su Mesa Eusebi Campdepdrós y Josep Costa, de JxCat, así como Adriana Delgado, de ERC.

La sala del TSJC que estudia las recusaciones ha dado un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien sobre la admisión a trámite del incidente de nulidad presentado por la Fiscalía Superior, con lo que no podrá resolver sobre el asunto antes de la fecha señalada para el inicio del juicio, el próximo miércoles.

Aunque la Fiscalía no lo pide en su escrito, el calendario marcado para resolver sobre la recusación de Carlos Ramos amenaza con forzar de nuevo la suspensión del juicio a la Mesa del Parlament, que ya fue aplazado el pasado mes de julio para sustituir al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, también apartado del tribunal que enjuiciará a la Mesa.

El recurso de Fiscalía no tiene efectos suspensivos pero, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el tribunal que juzgará a Torra puede acordar el aplazamiento si considera cuestionada su composición, tras el incidente de nulidad presentado por el ministerio público.

La sala de recusaciones del TSJC ya acordó el pasado 30 de junio apartar del juicio de Torrent a Barrientos, como pidió el exvicepresidente de la Mesa Josep Costa, al ver "comprometida" su "apariencia de imparcialidad" por abandonar en 2018 un acto en que el dirigente de ERC habló de "presos políticos".

Un mes después, apartaba al magistrado Carlos Ramos -con los votos particulares contrarios de dos de los seis magistrados de la sala-, al entender que algunas expresiones que utilizó en un auto del proceso revelaban un "apasionamiento personal" y suscitaban "la legítima sospecha de falta de imparcialidad".

El incidente de nulidad que ha presentado ahora la Fiscalía pide que se revoque la recusación de Ramos, apelando a los argumentos utilizados por los jueces que emitieron votos particulares, al considerar que no es "ajustada a derecho".

La Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para el conseller de Empresa, Roger Torrent, por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, al permitir la tramitación de resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía, cuando presidía el Parlament.

El ministerio público solicita la misma pena para Eusebi Campdepadrós -actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat- y para Josep Costa.

A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.