El juicio al 'procés' es el procedimiento judicial más importante de los últimos cuarenta años. No en vano, se dirime la responsabilidad penal de doce ex altos cargos de la Generalidad al tiempo de proclamar de forma unilateral y con el rechazo frontal de la oposición la república de Cataluña.

Con más de 600 periodistas acreditados, tanto de medios de comunicación nacionales como extranjeros, la televisión pública se ha volcado en informar sobre las sesiones del juicio dado su patente interés informativo.

Entre las diferentes cadenas destaca TV3, la televisión autonómica catalana que en los últimos tiempos ha sido criticada por su deriva independentista. No en vano, han sido numerosas las protestas contra el ente público por manipulación informativa.

Parcialidad, instrumentalización de informativos y programas, tratamiento del terrorismo o acaparamiento de opiniones favorables a la independencia son algunas de las críticas que ha recibido en el Parlamento autonómico, especialmente de CS, PSC y PP.

En lo que respecta al juicio, el programa 'Preguntes Freqüents' emitido los sábados, criticado por abordar de forma casi monotemática la situación de los políticos presos desde que se decretó su ingreso en prisión provisional en 2017, calentó motores este fin de semana con una entrevista al músico y exdiputado por Junts pel Sí Lluís Llach, que dijo que Madrid “quiere aplicar un golpe de Estado sea o no constitucional”.

Por otra parte, la periodista Pilar Rahola, habitual de TV3, criticó al Estado porque “lo único que hace es traer la porra judicial, policial o mediática”. A su juicio, se está perpetrando “un golpe de Estado contra la democracia”.

Este lunes, día de inicio de las sesiones, el programa satírico 'Està Passant' ha hecho balance de la primera sesión con una crítica a Trece, asegurando que la cadena se preocupa por los posibles viajes de Torra a Madrid, si bien “Torra se ha vacunado como cuando va a un país exótico”.

TV3, además, ha recogido en su web una cronología de los hechos que han desencadenado el juicio obviando lo sustancial, esto es, que los dirigentes independentistas actuaron desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían la celebración del referéndum del 1 de octubre. Precisamente, fue el desprecio hacia la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, incluido el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el que los ha llevado al banquillo de los acusados. No su ideología.

Pese a la falsedad que se ha extendido de que en España hay presos políticos, los doce acusados lo están por haber quebrado presuntamente la ley para celebrar un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional, así como por proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. Este no es un juicio político, sino un proceso judicial con todas las garantías. Como este lunes ha afirmado el presiente del Tribunal, Manuel Marchena, “la Sala va a ser muy flexible en los tiempos, no se vayan a sentir coartados ni limitados en su capacidad argumental. Esto está inspirado en el Tribunal de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dan, incluso, menos tiempo”.