La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a la abogada Arantza Zulueta, a la concejal de Bildu Amaia Izco, al exsenador de este partido Iñaki Goioaga y a otros 44 acusados de integrar el órgano de ETA "KT", coordinador de su frente de makos o de cárceles para el control de los presos y huidos.

Para los 47 acusados en este macrojuicio a una de las últimas grandes estructuras de ETA, la Fiscalía reclama condenas de entre 8 y 14 años de cárcel por integración en organización terrorista y penas de inhabilitación para cargo o empleo público que oscilan entre 10 y 15 años.

Por estos hechos, Zulueta quedó en libertad bajo fianza de 200.000 euros tras pasar tres años en prisión preventiva, de enero de 2014 a febrero de 2017. Se enfrenta a 14 años de cárcel por integración en organización terrorista en grado de dirigente.

La misma pena que la Fiscalía pide para otro de los supuestos responsables del KT, el abogado Jon Enparantza, que también ingresó en prisión junto a Zulueta y otras siete personas tras su detención en la operación Jaque, a la que en 2015 siguieron Mate y Pastor contra los restos de esta estructura del frente de makos.

Cuando fueron detenidos, los dos estaban en libertad tras un arresto anterior en 2010 como responsables del llamado frente jurídico de ETA, Halboka, procedimiento que aún está pendiente de juicio, pese a varios intentos de las defensas para que se juzgara con el de KT en una misma causa.

Junto a ellos se sentarán otros abogados de etarras como la actual concejal de Bildu en Pamplona, Amaia Izco, el exsenador Iñaki Goioaga y Ainhoa Baglietto, para quienes el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pide 11 años de cárcel a cada uno.

Según el escrito de acusación, el órgano de ETA denominado "KT/Koordinazioa taldea" (grupo de coordinación) lo integraban Zulueta, Enparantza, y los acusados José Luis Campo, Aitziber Sagarminaga, José Miguel Almandoz, Egoitz López de la Calle, Asier Aranguren y Aintzane Orcolaga.

Se trata de un ente organizativo en el que bajo la dirección de la organización terrorista, se agrupan varias organizaciones que trabajan sectorialmente a favor de los presos y huidos de ETA con el fin de complementar su actividad terrorista.

"El colectivo de presos es uno de los principales elementos de movilización de la base social de ETA y su entorno; las reivindicaciones a favor de los derechos supuestamente vulnerados de los miembros del EPPK (Colectivo de presos), son un factor que permite acumular fuerzas procedentes de otros sectores políticos y sociales ajenos a la Izquierda Abertzale, lo que permite consecuentemente aumentar la presión política y social", destaca el escrito.

KT se creó en 2003 por decisión de la dirección de ETA y por sugerencia de su frente jurídico, Halboka, con el objeto de dirigir la estructura del llamado frentes de cárceles "de forma integral, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a ETA. Ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización terrorista y de acuerdo a las directrices generales que ETA le hacía llegar".

Esto implicó que Halboka dejara de realizar directamente algunas de las funciones que desarrollaba hasta ese momento, al haber sido asumidas por el KT, explica el fiscal.

Los abogados implicados realizaban funciones de "asistencia política", "recopilando y centralizando todo tipo de información relacionada con los presos (...) información que se remitía posteriormente a las estructuras de dirección del frente de cárceles".

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Según la Fiscalía, "la realización de esas actividades convertían al 'Colectivo de Abogados' en uno de los principales instrumentos, tanto de ETA como del "KT y de "Askatasuna".

De la documentación intervenida a miembros de ETA se desprende que en el KT estarían representados el propio EPKK "a través de miembros del KT y las organizaciones y colectivos del entramado de apoyo a los presos de ETA (Herrira, Etxerat, Jaiki Hadi y el 'colectivo de abogados-BL')".

Herrira, según el fiscal, "desde su creación, había asumido de modo integral y público los objetivos, estructura, funciones, método y procedimientos de financiación, iconografía y entramado comunicativo de la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía / Askatasuna", por lo que pide la suspensión definitiva de sus actividades.

La labor jurídica la prestaría el Colectivo de Abogados-BL, un grupo de letrados cuya función consistía en una asistencia a presos de ETA, de la que se deriva un adoctrinamiento y control a través de rondas carcelarias sistemáticamente organizadas.

Se encargaban así de recopilar información sobre los reclusos para remitirla después a la dirección de ETA y de su ámbito de actuación quedaban excluidos aquellos presos "arrepentidos" que hubieran asumido la legalidad penitenciaria, como los que se acogieron a la vía Nanclares.

Entre este grupo de abogados, se encuentran Alfonso Zenón, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregui, Ane Ituiño, Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Haizea Ziluaga, Amaia Izko, Jaione Carrera y Atxarte Salvador.