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El juez rechaza la oferta de Monedero de abrir su email e insiste en que la UDEF investigue sus correos con Neurona

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 06 may 2021

La ex senadora de Podemos Celia Cánovas declarará como testigo el próximo 25 de mayo

El juez Juan José Escalonilla ha rechazado la oferta realizada por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero de abrir su correo electrónico en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para que pueda comprobar los 'emails' que intercambió con la matriz mexicana de Neurona Comunidad, insistiendo en que sea la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) quien investigue esos mensajes, que justificarían los 26.000 euros que le pagó la consultora política.

En un auto del 30 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor del caso 'Neurona' rechaza el recurso de reforma presentado por Monedero contra una providencia del 25 de marzo en la que Escalonilla encargó a la UDEF comprobar "la realidad de las fechas de los correos electrónicos" aportados por el ex dirigente 'morado'.

El juez considera que "la necesaria adveración de la realidad de los correos electrónicos aportados Juan Carlos Monedero y de su fecha de emisión determina la necesidad de su análisis por la UDEF, al contar con los medios oportunos y hábiles para tal fin".

Escalonilla entiende que el hecho de que él mismo examine la cuenta de correo electrónico de Monedero para verificar que los 'emails' aportados están en ella o pedir a Neurona Consulting --la matriz mexicana-- que los ratifique "no resulta suficiente".

"Pues es conocida la posibilidad técnica de alterar los correos electrónicos, resultando por ello necesario constatar su realidad mediante medios técnicos o a través del proveedor de dicho servicio", argumenta.

LA FACTURA DE LA DISCORDIA

Monedero está investigado en el caso 'Neurona' por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia" por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.

Tanto el juez como la UDEF creen que se trata de una factura falsa que encubriría una comisión que Monedero habría recibido por su supuesta intermediación para que Podemos contratara a la filial española de Neurona Consulting --Neurona Comunidad-- para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera falsa, atribuyendo los errores en la misma a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos 'emails' con Andrea Edlin López --socia mexicana de Neurona--, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado 'factura'. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.

Escalonilla pidió a la UDEF que comprobara las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que solicitó a Iberia que entregara los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le reclamó el contenido de los 'links' de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.

Como respuesta, el cofundador de Podemos, además de aportar el contenido de dichos 'links', presentó un recurso de reforma ofreciéndose a volver "personalmente" a Plaza de Castilla para abrir su correo electrónico delante del juez o del letrado de la administración de justicia con la finalidad de que puedan confirmar las fechas de esos 'emails', proponiendo igualmente que la propia Neurona diga si esos mensajes fueron recibidos y enviados en las fechas que constan.

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Y todo ello, según expuso el profesor universitario en su escrito al juzgado madrileño, con el propósito de "agilizar esa constatación, evitando una sobrecarga de trabajo a la 'fuerza actuante' (la UDEF), y una mejor garantía de fe pública judicial", así como "colaborar con la labor del instructor".

La Fiscalía se posicionó en contra del recurso de Monedero, misma postura que adoptaron las acusaciones populares de Vox y Pro Lege y la acusación particular de la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, y que finalmente ha seguido Escalonilla.

DESCARTA INDAGAR EN LA SANCIÓN DE LA UCM

El juez también ha rechazado, en otro auto del 30 de abril, una petición de Vox con la que el partido de Santiago Abascal pretendía que reclamara al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Madrid una copia íntegra del procedimiento abreviado que acabó ratificando la sanción que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) impuso a Monedero por realizar una "actividad privada retribuida sin autorización".

"No serviría para aportar dato alguno en relación con los presuntos servicios de consultoría llevados a efecto por Juan Carlos monedero en el año 2018, justificativos de la factura aportada", ha esgrimido el instructor.

A este respecto, ha recordado que el caso señalado por Vox se refiere a hechos ocurridos en 2014 que llegaron al cauce judicial en 2016 concluyendo con dicha sentencia el 12 de enero de 2018.

NUEVO TESTIGO

Por otro lado, en otro auto de la misma fecha, el juez ha citado a la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular en esta causa, para que declare como testigo el próximo 25 de mayo.

De esta forma, Escalonilla ha accedido a la petición que le hizo Vox de escuchar a Cánovas argumentando que era "imprescindible". Escalonilla ha coincidido con el partido en que, "por su condición de ex senadora Podemos, puede tener conocimiento directo de los hechos objeto de investigación en la presente causa".

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, con la lupa puesta en el contrato por 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política para las elecciones generales de 2019.

El instructor sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas de Podemos, por lo que las pesquisas se centran en determinar si Neurona hizo realmente el trabajo para el que fue contratada por la formación política.

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