El juez que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo ha dejado en libertad al exconseller de ERC Xavier Vendrell, al exdirigente de CDC David Madí y al empresario Oriol Soler, miembros del "estado mayor" que estuvo detrás del 1-O, y a los demás detenidos.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acordado dejar en libertad a los nueve detenidos que han pasado a disposición judicial, después de que todos ellos se hayan acogido a su derecho a no declarar y que la Fiscalía no haya pedido medidas cautelares.

La causa contra la supuesta trama acusada de desviar subvenciones públicas para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo -abierta por los delitos de malversación, soborno, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos- es fruto de conversaciones telefónicas intervenidas durante el año y medio en que el caso ha permanecido bajo secreto de sumario.

El juez sitúa al exconseller de ERC Xavier Vendrell en la dirección de Tsunami Democràtic, plataforma desde la que supuestamente "promovió" desórdenes públicos tras la condena a la cúpula del procés en octubre de 2019 y que, según resalta el magistrado, no ha mostrado "ningún interés" en reactivarse tras la inhabilitación del expresident Quim Torra.

Además, el juez sospecha que Vendrell usó su influencia política para contactar con miembros del Govern con el fin de beneficiar sus distintos negocios, vinculados al tratamiento de residuos municipales, los laboratorios de biomecánica y hasta la fabricación de test de COVID-19.

En el caso de Madí, el juez sospecha que el empresario y exalto cargo de CDC se ha beneficiado de un "importante tráfico de influencias" con el conseller Damià Calvet (JxCat) y ha contratado al exconseller republicano Joan Puigcercós para "abrirse ayuntamientos" de ERC.

Sobre el empresario Soler, subraya el juez que existen indicios de su participación en la "estructura organizativa" de Tsunami Democràtic y recela de los casi 3 millones de euros en subvenciones de la administración catalana que recibió entre 2016 y 2020, en contratos menores de adjudicación directa.