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ESPIONAJE POLÍTICO

El juez pide los móviles a los cargos de la CUP espiados para analizarlos

El juez de Barcelona que investiga el espionaje con Pegasus a dirigentes de la CUP, entre ellos el diputado del Parlament Carles Riera, les ha requerido sus móviles para llevar a cabo un análisis técnico que determine si fueron atacados con ese software malicioso.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:49

El juez de Barcelona que investiga el espionaje con Pegasus a dirigentes de la CUP, entre ellos el diputado del Parlament Carles Riera, les ha requerido sus móviles para llevar a cabo un análisis técnico que determine si fueron atacados con ese software malicioso.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ha acordado admitir a trámite la querella que presentaron el diputado de la CUP Carles Riera y los exparlamentarios Albert Botran y David Fernández, tras constatar que sus móviles fueron atacados con Pegasus, un "malware" de la empresa israelí NSO que en principio solo se vende a Estados.

El juez es el mismo que investigó el espionaje a los móviles del conseller Roger Torrent y el concejal del Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, causa que archivó provisionalmente el pasado mes de mayo a la espera de las diligencias de investigación que encargó en 2020, entre ellas una comisión rogatoria a Israel que por el momento no ha dado resultado.

En el caso de la querella de la CUP, el magistrado está siguiendo los mismos pasos que en la de Maragall y Torrent, a los que también pidió sus teléfonos móviles para analizarlos aunque ninguno de ellos accedió a entregarlo.

Una vez certifique mediante un informe pericial que los móviles de los cargos de la CUP fueron atacados con Pegasus, el juez estudiará si, como plantea el ministerio público, remite comisiones rogatorias a Israel y Luxemburgo para que NSO facilite la información de que disponga sobre el uso del software en los teléfonos de los querellados.

El auto requiere también a los querellantes que aporten la información técnica que documente que sus móviles fueron infectados en abril-junio de 2019 (en el caso de David Fernández), en el primer semestre de 2019 (Carles Riera) y en enero de 2020 (Albert Botran).

Por el momento, el juez acuerda únicamente la admisión parcial de la querella, por un delito de conculcación del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, aunque los dirigentes de la CUP dirigían también su denuncia contra el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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