CRISIS CATALUÑA

Juez investiga los gastos en desplazamientos de síndicos electorales del 1-O

Barcelona, 2 may (EFE).- La juez que instruye la querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para el 1-O ha ordenado a la policía que investigue si se pagaron con fondos públicos sus desplazamientos a la reunión que se convocó para darles instrucciones sobre su función.,Según han informado fuentes jurídicas, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha declarado compleja la causa en que investiga a los síndicos electorales para pract

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 14:54

La juez que instruye la querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para el 1-O ha ordenado a la policía que investigue si se pagaron con fondos públicos sus desplazamientos a la reunión que se convocó para darles instrucciones sobre su función.

Según han informado fuentes jurídicas, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha declarado compleja la causa en que investiga a los síndicos electorales para practicar nuevas diligencias, que se centrarán ahora en averiguar si los gastos de este órgano, que fue disuelto por el Tribunal Constitucional, se pagaron con dinero público.

La defensa de los síndicos ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la declaración de complejidad de la causa, que la Fiscalía apoya ante la "necesidad de investigar los posibles movimientos económicos que podía traer consigo el desempeño" de sus funciones, según su escrito, al que ha tenido acceso Efe.

Concretamente, el ministerio público pide que se investigue una reunión que se habría celebrado en el Parlament, "convocada y dirigida por personas que no fueron identificadas, con el fin de dar directrices sobre el desempeño de sus funciones" a los síndicos, un encuentro que fue confirmado por los letrados de la cámara catalana en su declaración como testigos.

Para la Fiscalía, es necesario "efectuar nuevas averiguaciones" sobre esa reunión y, concretamente, los desplazamientos que hicieron los síndicos electorales a la misma, en algunos casos "desplazándose desde fuera de la localidad de Barcelona".

"Vinculados esos gastos con la normativa que regula la constitución de la Sindicatura Electoral y que establece que el Gobierno de la Generalitat pondrá a disposición de la misma los medios materiales y personales necesarios para el desempeño de sus funciones, es necesario corroborar si se ha efectuado gasto alguno en ese sentido", añade la Fiscalía en su escrito.

En su declaración ante la juez como investigados, los miembros de la Sindicatura alegaron que disolvieron el órgano en cuanto el Tribunal Constitucional acordó sancionarles si no cesaban en sus funciones.

En su querella, la Fiscalía sostiene que los investigados nombraron a los vocales titulares de las sindicaturas electorales de las demarcaciones de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, tras haber recibido la notificación del Tribunal Constitucional de que el referéndum de independencia quedaba suspendido.

Asimismo, el ministerio público acusa a los miembros de la Sindicatura de haber publicado otro acuerdo que regulaba el proceso de acreditación para las organizaciones interesadas en participar en el referéndum, pese a ser conscientes de las advertencias del TC sobre su ilegalidad.

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