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El juez imputa al tesorero y a la gerente de Podemos en el 'caso niñera'

Se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, uso a una empleada de Podemos -ahora asesora del Ministerio-- como cuidadora de su hija

La ministra de Igualdad, Irene Montero

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13 jul 2021

El titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidido imputar al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente de la formación 'morada', Rocío Esther Val, en el denominado 'caso niñera', en el que se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, uso a una empleada de Podemos, ahora asesora del Ministerio, como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.

En un auto el juez ha acordado oír en declaración en concepto de investigados a De Frutos y Val el próximo 19 de julio a las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. La decisión del juez llega después de que la Fiscalía pidiera que se citase a ambos trabajadores de Podemos en calidad de investigados, "dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal" los dos fueron los que "ordenaron el pago" y, por tanto, "en su garantía deben ser oídos como investigados".

La Fiscalía de Madrid se opone a que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, sea investigado en la causa abierta contra su pareja, la ministra Irene Montero, y una asesora de esta para determinar si esta trabajadora hizo de cuidadora de su hija, mientras que sí apoya la imputación del tesorero de la formación Daniel de Frutos y la exgerente Rocío Esther Val.

En el escrito, fechado el pasado 25 de junio, el fiscal contesta a un escrito previo del titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid en el que le traslada solicitudes planteadas por las acusaciones populares, han precisado fuentes jurídicas. Así la Fiscalía se opone a la citación como investigado de Pablo Iglesias al no ver delito alguno en su conducta, pero avala la imputación de la exgerente de Podemos Rocío Esther Val y del tesorero Daniel de Frutos, ambos citados por ahora como testigos para el próximo 19 de julio.

La Fiscalía se opone en su escrito a que se solicite testimonio de las actuaciones del Juzgado de lo Social 3 de Madrid en relación con el despido improcedente de la testigo en la causa Elena González argumentando que los indicios de delito apuntados por la exreponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, "están siendo objeto de otro procedimiento".

Sobre la citación de Pablo Iglesias como investigado explica el Ministerio Público que se opone por los mismos motivos que adujo el magistrado en el auto en el que desestimó su citación como testigo. "De los hechos relatados en el escrito remitido por la señora Carmona no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez, hija de Pablo Iglesias", añade.

En cuanto a la citación como investigados de Daniel de Frutos y Rocío Esther Val la Fiscalía lo apoya "dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal, los referidos fueron los que ordenaron el pago y por lo tanto, y, en su garantía deben ser oídos como investigados".

La Fiscalía pide que declaren el 14 de julio, fecha en la que declarará como investigada Teresa Arévalo. Fuentes de Podemos han asegurado a Efe que "este procedimiento es otro montaje más para perseguir a la formación" que "está impulsado por los sectores de la 'judicatura patriótica'".

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid abrió el pasado mes de abril diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y Teresa Arévalo, asesora de su equipo, para determinar si esta trabajadora desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor pagada con fondos públicos.

El magistrado inició investigación sobre estos hechos, denunciados por la exabogada de Podemos Mónica Carmona, y citó a declarar para el 14 de julio en calidad de investigada a la exdiputada Teresa Arévalo, asesora de la titular de Igualdad.

Según la resolución, el magistrado abrió diligencias previas "por el presunto delito de administración desleal" contra Irene Montero y Teresa Arévalo al entender que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Pese a que la ministra tiene condición de aforada y, por tanto, el órgano competente para investigarla sería el Tribunal Supremo, el juez acordó librar oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que le notifique la apertura de este procedimiento "a los efectos legales oportunos". En el mismo auto el magistrado citó también como testigos, para el 19 de julio, a la exgerente de Podemos Rocío Esther Val, al tesorero Daniel de Frutos y al jefe de seguridad del partido, Víctor Martins.

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