El juez instructor del caso Tándem ha rechazado revocar el procesamiento al inspector jefe Constancio Riaño ante los indicios que existen para que sea juzgado por el encargo llevado a cabo por el excomisario Villarejo para indagar sobre un empresario marbellí envuelto en una disputa económica con una mujer.

Es la segunda vez que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rechaza el recurso de un investigado contra el auto de pase a procedimiento abreviado en el que proponía juzgar a siete imputados -José Manuel Villarejo entre ellos- por estos hechos, que conforman la pieza número 8 del caso Tándem o caso Villarejo.

La semana pasada lo hizo con el comisario jubilado Enrique García Castaño, conocido en el entorno policial como El Gordo, y ahora lo ha hecho con el inspector Constancio Riaño, procesado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por supuestamente haber facilitado datos reservados del citado empresario al policía Antonio Bonilla, que en ese momento se encontraba en segunda actividad.

Riaño pedía revocar el auto porque, según dijo, ni conocía al empresario marbellí ni tenía relación alguna con Bonilla, una versión que el juez ve "cuanto menos sorprendente" a tenor de los mensajes que obran en la causa -en los que se hablan de "momentos de esparcimiento y ocio", en concreto una partida de mus- y de las diligencias de investigación practicadas.

De la instrucción se aprecia, según el juez, que Riaño "envió a una persona no autorizada datos reservados, a los que no podía tener acceso", algo que podría encajar en un delito de revelación de secretos, y subraya que García Castaño negó haberle dado ninguna orden para que lo hiciese, rechazando así el alegato de que cumplía un deber.

Será en el juicio donde se dilucide si esa orden se dio o no, indica el juez, quien recuerda que Riaño no era ningún subordinado, "sino que ocupaba un escalón jerárquico de gran relevancia".

Esta investigación ha girado en torno a la supuesta elaboración de un informe prejudicial, patrimonial y un análisis documental de un empresario marbellí por parte del Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, y a petición de una mujer con quien el perjudicado mantenía una disputa, también procesada.