Una juez de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a 23 personas, ocho de ellas funcionarios del Ayuntamiento de la ciudad, acusadas de integrar una presunta trama corrupta que facilitaba la tramitación irregular de licencias de pisos turísticos a cambio de dinero.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona da por cerrada la investigación, que inició en el año 2009, y la remite a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio contra los investigados, a los que acusa de los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y amenazas.

Concretamente, la juez ha dejado a un paso del banquillo a ocho funcionarios municipales -entre ellos Heliodoro L., que fue jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento en el distrito de Ciutat Vella y en Nou Barris-, así como al ingeniero Joaquín Q., que acumula sendas condenas de diez meses por irregularidades en la tramitación de permisos en el Ayuntamiento de Barcelona y de cuatro años y un mes por avisar de inspecciones administrativas en otra causa de corrupción policial.

A Joaquín Q., que presuntamente ejercía de intermediario entre los dueños de apartamentos y los funcionarios a cambio de comisiones, la juez le acusa además de enviar cartas amenazadoras a la exconcejal del Ayuntamiento Itziar González y a la exgerente Mercè Massa, molesto por las medidas que éstas adoptaron para evitar las irregularidades en la concesión de licencias turísticas.

Otros de los investigados a los que la juez envía a juicio son dueños de apartamentos turísticos de Barcelona que presuntamente pagaron sobornos a los funcionarios municipales a cambio de que se les facilitaran irregularmente licencias de actividad, entre los años 2005 y 2008.

En su auto, que avanza hoy "El Periódico de Catalunya", la juez sostiene que los funcionarios Heliodoro L. y Elena A. -exresponsable de la asesoría jurídica del consistorio- y el ingeniero Joaquín Q. actuaban "de mutuo acuerdo y con la finalidad de procurarse unos ingresos extras" con la tramitación de las licencias irregulares.

El resto de funcionarios imputados, añade la magistrada, a las órdenes de Elena A., "incurrieron en graves irregularidades para favorecer la actuación del resto de investigados".