El instructor interroga este martes a los investigados y acuerda citar como testigos a varios abogados

El juez de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado poner a disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, los 24 vehículos de alta gama incautados a una presunta trama dedicada a estafar a empresarios en ruina por las duras restricciones de la primera ola de la pandemia.

Los investigados por el juez Juan José Escalonilla están citados este martes a declarar por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Se trata de una banda que habría presuntamente estafado hasta 8 millones de euros a empresarios españoles y extranjeros que buscaban capital para salvar sus negocios en marzo de 2020, al inicio de la pandemia del Covid.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) inició las pesquisas a raíz de las denuncias de empresarios de distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Baleares y Alicante.

Hasta nueve denuncias se acumularon en un mismo procedimiento a cargo del juez Escalonilla. El 'modus operandi' consistía en ofrecer a sus víctimas un préstamo sin garantías a cambio de un seguro de caución y una inversión millonaria.

Uno de los empresarios estafados, el dueño de una empresa de helicópteros balear, llegó a entregar a los estafadores hasta 3 millones de euros.

Los prestamistas organizaban reuniones en Torre Europa, en el Paseo de la Castellana de la capital, bajo la apariencia de seriedad a las que llegaban con elegantes trajes y coches de lujo.

Uno de los perjudicados es un empresario peruano que contactó con la banda a través de una persona que le puso en contacto con uno de los presuntos líderes del entramado corrupto. Le convencieron entonces de un falso préstamo sin garantías reales y acabó dando unos 2 millones de euros.

En la operación policial que desarticuló la banda fueron detenidas doce personas, que quedaron en libertad provisional. Este martes, desfilarán ante el juez instructor y los abogados personados en la causa.

El magistrado tiene previsto tomar declaración a cinco abogados que intervinieron como 'compliance officer' --encargado de asegurar que una empresa cumpla con los requisitos legales y reglamentarios externos-- previamente al desembolso de los perjudicados.

El pasado 28 de abril, el juez escuchó el testimonio de varios de los estafados. Conoció entonces que al parecer la banda tendría como compinche a una empleada de una sucursal bancaria de Barcelona, quien habría avalado las operaciones en las que los estafadores ofrecían financiación para salvar los negocios arruinados.

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VEHÍCULOS DE ALTA GAMA

En el marco de la instrucción, las acusaciones solicitaron al juez que confiscara los 24 coches de lujo intervenidos a la presunta banda criminal. Entre los vehículos figuran Mercedes de alta gama, Maseratis, Ferraris y Rolls-Royce, coches que se podrían subastar.

El juez ha acordado en un auto dictado el pasado 3 de mayo, al que tuvo acceso Europa Press, entregar los coches de lujo a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que depende del Ministerio de Justicia.

En dicha resolución, el juez acuerda oficiar a la Agencia Tributaria para la práctica de auditoría contable sobre las movimientos bancarios y patrimoniales de todas las personas físicas y jurídicas investigadas correspondientes a los ejercicios 2019 a 2022.

También se pide al Grupo IX de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que investigue el origen de los 12 vehículos sin matricular en España, dos vehículos de matrícula extranjera, el signado con matrícula provisional española y el remolque sin matrícula inmoviizados dentro de unas naves de Ribarroja de Turia.

El juez interesa la aprehensión y depósito de todos los vehículos a motor objeto de embargo, procediéndose a su encomienda a la oficina de recuperación y gestión de activos.

Igualmente solicita a dicho organismo que informe al Juzgado en el tiempo más breve posible sobre el inventario detallado y valorizado de todos los efectos, bienes instrumentos y ganancias procedentes de la actividad delictiva.