El nuevo juez del caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha citado esta semana a una docena de personas, entre ellas el excomisario José Villarejo, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, a lo largo de todos los días de esta semana habrá declaraciones de esta causa, las primeras desde que García-Castellón instruye Tándem tras coger el relevo al magistrado Diego de Egea, que dejó la Audiencia Nacional a finales de año.

Estas declaraciones, según han indicado varias fuentes, son de la pieza del caso sobre la operación Kitchen, que permanece bajo secreto, y de otras como la que gira alrededor del excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, que vuelve a estar imputado en el caso después de que la Sala de lo Penal revocase la decisión de De Egea de archivarle la causa.

Pino y otro policía, el inspector Andrés Gómez Gordo, declararán en el marco de la pieza de Kitchen, sobre los papeles sustraídos en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas por encargo del Ministerio del Interior.

García Castaño, conocido como El Gordo, pidió permiso al anterior juez para poder declarar sin atenerse a la Ley de Secretos Oficiales sobre los supuestos pagos con fondos reservados que se hicieron al chófer de Bárcenas para obtener esos documentos y el Consejo de Ministros accedió luego a desclasificar los documentos sobre esa operación.

El primer citado en esta ronda de declaraciones ha sido el antiguo chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, quien ha comparecido esta misma mañana a petición propia pero que finalmente se ha acogido a su derecho a no declarar, según las fuentes.

Ríos ya asistió en una ocasión a la Audiencia Nacional citado por el anterior instructor y ya se acogió entonces a su derecho a no declarar ante De Egea.

La operación la puso en marcha en 2013 el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz con la ayuda del excomisario Villarejo y supuestamente se financió con fondos reservados, de donde habrían salido los 48.000 euros que pudo cobrar el chófer a cambio de robar los documentos.

De hecho, Interior ha informado a la Audiencia Nacional de que se han hallado evidencias de que en Kitchen participaron policías y confidentes, algunos pagados con fondos reservados.

La operación Kitchen ha dado lugar a otra línea de investigación con respecto a la caja B del PP y por ese motivo el juez del caso Bárcenas, José de la Mata, interrogó el pasado 21 de diciembre al extesorero y a su mujer, Rosalía Iglesias.

Bárcenas explicó a De la Mata que su chófer llevó, por encargo suyo, documentos sobre la contabilidad paralela del partido desde la sede del PP a un estudio de restauración de su mujer, a la que también trasladó a Soto del Real cuando estuvo en prisión preventiva, así como una carpeta con documentos al despacho de su entonces abogado, información que, aseguró, después fue aportada.

Sostuvo además que esos papeles no eran tan relevantes para la causa en comparación con otros documentos que ya había aportado y descargó la responsabilidad en caso de que algo faltara en terceras personas.