El juez que indaga los preparativos del referéndum ha citado a declarar como investigados al director del Institut d'Estadística de Cataluña (Idescat), Fredric Udina, y al jefe del gabinete técnico de la consellería de Vicepresidencia y Economía, Daniel Gimeno, por el censo del 1-O.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona cita para el próximo 9 de octubre a ambos cargos, que ya fueron detenidos el pasado 12 de junio en el marco de una operación policial ordenada por el juez, aunque quedaron en libertad tras comparecer en la comisaría.

En esa operación, el juez ordenó registrar el despacho de Gimeno, en el edificio central del Departamento de Vicepresidencia, el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) y el servicio de la Generalitat en que se controlan los certificados de envío de correos.

El objetivo del magistrado es averiguar si el Govern obtuvo irregularmente el censo del 1-O, después de que un informe de la Policía Nacional revelara indicios de que el Idescat cedió datos personales de los ficheros del Registro de Población de Cataluña al departamento de Vicepresidencia y Economía para elaborar el censo global de votantes.

Para ese mismo día, el juez ha vuelto a citar como investigada a Montserrat Vidal, exresponsable del área de procesos electorales del Departamento de Gobernación, que ya compareció ante el magistrado del 1-O el pasado mes de julio, aunque en esa ocasión se acogió a su derecho a no declarar, después de que su letrada argumentara que no se le había dado traslado de la causa.

Vidal está imputada por un delito de desobediencia, por no haber impedido la celebración del 1-O pese a que figura entre los cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal Constitucional (TC) apercibió de su obligación de evitar el referéndum suspendido.

Para el día 9 de octubre se ha señalado además la declaración como investigada de Rosa Vidal, Interventora General de la Generalitat que certificó que el Govern no había gastado ni un euro en el 1-O y cuyo interrogatorio fue aplazado el pasado mes de julio a petición de su abogado, que alegó falta de tiempo para estudiar la causa.