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CASO VILLAREJO

El juez acerca a banquillo a Villarejo por investigar a empresario Molpeceres

El juez que investiga los negocios privados del excomisario José Manuel Villarejo ha visto indicios para juzgarle por otro de sus proyectos de supuesto espionaje: el que le fue encargado por un empresario para investigar a su exsuegro, el también empresario Joaquín Molpeceres, en el marco de un procedimiento concursal.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:44

El juez que investiga los negocios privados del excomisario José Manuel Villarejo ha visto indicios para juzgarle por otro de sus proyectos de supuesto espionaje: el que le fue encargado por un empresario para investigar a su exsuegro, el también empresario Joaquín Molpeceres, en el marco de un procedimiento concursal.

Unos hechos que el magistrado cree que son constitutivos de un delito de cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil en el caso de Villarejo y de su mano derecha en su grupo empresarial Cenyt, Rafael Redondo, y de cohecho activo y también falsedad en el caso de la persona que le habría contratado, Antonio Ericho Chávarri.

A los tres les ha propuesto juzgar en un auto de pase a procedimiento abreviado, en el que, sin embargo, ha archivado la causa contra la persona que habría sugerido al cliente de Villarejo contratarle.

Según relata el magistrado en su auto, los hechos se remontan a octubre de 2012, cuando Chávarri habría contratado a Stuart&Mckenzie -un despacho de abogados de Cenyt dirigido por Villarejo- "para que investigase las relaciones que existían" entre un administrador concursal y Joaquín Molpeceres, quien testificó en 2017 en el juicio de Gürtel y negó haber donado 60.000 euros al PP como dueño de la empresa Licuas.

El objetivo de este proyecto, denominado Grass, era "descubrir si tales vínculos habían tenido alguna influencia en el procedimiento concursal en que se veía afectada" la entidad de la que era titular el supuesto cliente de Villarejo y a su vez exyerno de Molpeceres.

Por este encargo, sostiene el juez, Villarejo, a través del grupo Cenyt, "percibió una cantidad de dinero superior a 400.000 euros" y para justificarlo "se manipularon las facturas que se emitieron (...) con la finalidad de ocultar que los servicios se habían prestado por un funcionario público que se encontraba en activo".

Este proyecto se ha investigado en la pieza número 29 del extenso caso Tándem, por el que Villarejo se ha sentado en el banquillo en un juicio que abarcó tres líneas de investigación, una por cada proyecto, que aún se encuentra pendiente de sentencia. La Fiscalía pide 83 años de prisión para él. EFE

mms-na/lml

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