El presidente del grupo de ERC en el Parlamento catalán, Josep Maria Jové, ha presentado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para comprobar si ha habido "irregularidades" en la cadena de custodia de su móvil requisado en 2017 y si ese dispositivo fue infectado con Pegasus.

Jové, exsecretario general de Vicepresidencia y de Economía, fue uno de los detenidos en la operación que el juez ordenó el 20 de septiembre de 2017 contra la preparación del referéndum independentista, por su supuesto papel en la organización del 1-O.

Según un comunicado de ERC, Jové denuncia "irregularidades en la cadena de custodia de su dispositivo móvil", que fue requisado en aquella operación.

En el marco del procedimiento abierto contra él, el presidente del grupo republicano en el Parlament ha presentado un escrito en el TSJC para "aclarar tanto la cadena de custodia como si su teléfono requisado el 20 de septiembre de 2017 fue infectado con Pegasus, como los otros dos dispositivos que ha tenido a posteriori".

En concreto, Jové reclama al juez que el CNI y los cuerpos de seguridad del Estado informen al tribunal si han llevado a cabo algún tipo de investigación con software de sus dispositivos de comunicación, así como que el tribunal le haga entrega de la imagen forense de su teléfono, para comprobar, de forma "independiente", una posible intromisión.

El motivo para esta nueva solicitud se enmarca en el reciente caso de espionaje político mediante el sistema de ciberespionaje Pegasus, que supuestamente ha afectado a una sesentena de independentistas.

La defensa del dirigente republicano argumenta que el dispositivo que se encuentra en manos del tribunal puede haber sido objeto de ciberespionaje ilegal, como ha ocurrido con los últimos móviles de Jové, que fueron infectados con Pegasus, según la investigación del laboratorio CitizenLab.

El escrito incide en que Jové tiene derecho a comprobar si el móvil sufrió infecciones o no, ya que de ello "depende no solo la fiabilidad de la prueba, sino su legalidad"; además, su defensa mantiene que el uso de Pegasus en un dispositivo custodiado podría suponer un "acceso ilícito a informaciones de carácter privado".

El diputado de ERC cuestiona así la cadena de custodia del dispositivo y la potencial "alteración o manipulación de la prueba electrónica en que se basa la acusación" contra él.

El escrito también abre, según ERC, otra vía a la desclasificación de documentación oficial secreta, solicitando al tribunal que requiera al CNI o "a cualquier otro organismo gubernamental español" información sobre posibles investigaciones criminales o de inteligencia sobre el dirigente republicano.