José María Íñigo, el mítico presentador de Televisión Española, falleció en 2018 de un cáncer de pleura -mesotelioma-. Hoy, casi tres años después, el Juzgado de los Social número 2 de Madrid ha declarado que la enfermedad del periodista fue consecuencia de su exposición continuada al amianto de los estudios de Prado del Rey. La abogada de la familia, Andrea Peiró, ha contado en COPE que la sentencia, además de establecer la relación de causalidad entre la exposición al amianto y el fallecimiento, explica detalladamente "dónde y cómo estaba el amianto" por lo que podría sentar precedente para los trabajadores que trabajaron esos años en ese mismo estudio. Y aunque no afecte directamente, dará visibilidad a otros procesos. Peiró ha señalado que además, "los jueces están cada vez más a favor porque hay mucha jurisprudencia".

El mesotelioma es la enfermedad más grave que puede producir la exposición al amianto. La neumóloga y secretaria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Carmen Diego, ha explicado a COPE que este tumor en la pleura tiene "una mortalidad muy elevada". Pero no es la única consecuencia del amianto. Los trabajadores expuestos a este material tienen riesgo de padecer desde placas pleurales, que son asintomáticas, a asbestosis, que es una fibrosis pulmonar "con un curso muy lento pero que puede llegar a ocasionar insuficiencia respiratoria e incluso ser motivo de trasplante pulmonar", ha comentado la doctora.

Los colectivos más afectados

Es muy difícil saber a cuánta gente ha afectado y afecta el amianto en España. Desde 2002 está prohibida su fabricación, comercialización y distribución en toda la Unión Europea, pero sigue presente en muchos lugares. Además, las enfermedades mencionadas se desarrollan entre 20 y 40 años después de la primera exposición, por lo que todavía no se han visto todas las consecuencias.

En este tiempo, las comunidades autónomas han desarrollado programas de seguimiento a los colectivos con más riesgo como son los trabajadores de uralita, los marinos y trabajadores del Ministerio de Defensa, electricistas, fabricantes de trenes, de frenos de coches, o fontaneros. Pero, como reconoce la doctora Diego, "el problema es el amianto con el que no sabemos que hemos estado en contacto" y señala que existe una exposición doméstica, puesto que "la mayoría de los edificios de los 70 y 80 contienen amianto", y también una exposición medioambiental en zonas próximas a las fábricas, como la que han padecido "los vecinos de la Cedanyola del Vallés".

Precisamente, los pacientes que no están sometidos a un seguimiento médico, desarrollan los síntomas cuando la enfermedad ya está muy avanzada, lo que empeora el pronóstico. Y, aunque a nivel de colectivo sí se pueden pedir mejoras salariales por un plus de peligrosidad, "solo se puede reclamar una indemnización como tal cuando hay daño", aclara Peiró.

La abogada, que trabaja en un despacho especializado en afectados por el amianto, ha contado cómo se encuentran sus clientes: "Nos encontramos con gente muy fastidiada porque les han dicho que tienen una esperanza de vida muy corta. El impacto psicológico es gravísimo".

El amianto en el metro de Madrid

Uno de los colectivos expuestos al amianto es el de los trabajadores del metro, que se han movilizado varias veces para protestar por ello. Hasta 2017 no se empezó a investigar. Entonces el departamento de salud laboral de Metro de Madrid recibió un requerimiento por un trabajador que había enfermado por exposición al amianto. Al principio, la empresa reconoció el daño solo a los colectivos de talleres, pero desde el Sindicato de Maquinistas explican que el amianto estaba presente también en otros materiales.

En 2018, Metro anunció una inversión de 104 millones de euros para retirarlo. Desde entonces se han identificado las piezas, algunas se han encapsulado y o se han retirado, pero hay otras que no se pueden retirar porque son insustituibles.

Oficialmente se ha reconocido la enfermedad profesional de tres maquinistas, ya fallecidos. Pero no hay datos anteriores a las investigaciones que comenzaron en 2017, y los trabajadores sospechan que son muchos más.