El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, ha respaldado este miércoles la actuación policial contra "algunos violentos" en la protesta de la semana pasada en Vallecas en contra del confinamiento de barrios de Madrid por la Covid-19, aunque sin renunciar, como se hace "siempre", que se pueda hacer un "examen crítico" por si hubo algún exceso de los agentes.

"Nadie siente placer en el momento que alguien sufre una agresión, ya sea ciudadano o policía", ha defendido en su primera comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso. Rafael Pérez --censurado por unos grupos por no defender a los policías y por otros por no sancionar a los agentes-- ha negado que se actuara frente a la Asamblea de Madrid de forma diferente que en otros barrios.

También ha recordado que hubo seis policías heridos y cuatro detenidos, y que algunos arrojaron piedras y arrancaron papeleras e incluso agredieron a policías en la comisaría al finalizar la protesta.

"No identifiquemos a la población que pidió mejoras sanitarias con el grupo de violento que actuó", ha pedido el secretario de Estado, que ha repetido en varios ocasiones que la Policía actúa "siempre" con proporcionalidad y que si se cometen excesos hay controles internos para subsanarlo, al margen de la responsabilidad penal que se pudiera derivar.

El 'número dos' de Interior también ha defendido que la Policía Nacional se sume a la Guardia Civil, "cada uno dentro de sus estrictas competencias", para garantizar la seguridad en la casa del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero.

NO COMENTA LA AGENDA DEL REY

A pesar de las preguntas, ha evitado comentar la "agenda" de la Casa Real al ser cuestionado por la ausencia del Rey en la entregada de despachos a jueces en Barcelona, aunque matizando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad, y así lo han demostrado, "en cualquier parte del territorio español y ante cualquier escenario".

Los grupos parlamentarios han criticado el "escapismo" de Rafael Pérez y su discurso inicial de más de dos horas sin responder, según ellos, a cuestiones por las que se requirió su comparecencia en el Congreso, retrasada hasta hoy por la pandemia de Covid-19. PP y Vox han sido los más críticos con Pérez por los ceses de mandos como el coronel Diego Pérez de los Cobos o el jefe de Riesgos Laborales de la Policía, José Antonio Nieto, en el inicio de la crisis sanitaria.

Rafael Pérez se ha remitido a las explicaciones ya dada haciendo ver que no puede entrar en muchos detalles por ser los ceses materia que se puede recurrir judicialmente, aunque ha afeado a ambos partidos que los cargos de confianza se puedan nombrar por libre designación pero "se ponga en tela de juicio" cuando son relevados. "Quizás porque nos interesa usarlo para razones distintas", ha enfatizado.

El alto cargo del Ministerio ha negado que el tercer tramo de la equiparación salarial se anunciara para "tapar" el cese de Pérez de los Cobos. También que se ordenara "clonar en ningún momento" o "precintar" los ordenadores de los guardias civiles de la unidad de Policía Judicial que investigó la manifestación del 8M en Madrid. Lo que se hizo fue, en palabras de Pérez, "un estudio sobre determinados elementos informáticos".

"LOS PERROS SALVAN VIDAS, LAS VÍRGENES NO"

Entre las cuestiones llevadas a la Comisión de Interior se ha tratado la concesión de medallas al mérito policial durante la etapa de Fernando Grande-Marlaska, con una alusión directa de la diputada del PP Ana Belén Vázquez a que se condecore a perros. "Los perros salvan vidas, las vírgenes no está probado", le ha contestado el 'número dos' del Ministerio.

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La diputada 'popular', muy molesta con la gestión del Ministerio del Interior, le ha reprochado a Pérez dedicarse a "ir de copas con el ministro" y también ha criticado que en su teléfono móvil no funcionara este miércoles el botón de la aplicación Alertcops para denunciar okupaciones de viviendas, dentro del nuevo protocolo puesto en marca por este departamento. "A mí me ha funcionado", le ha contestado, "lo mismo tiene su móvil desactualizado, como su discurso en algunos aspectos".

Otra de las cuestiones más criticadas ha sido que se utilizara la Ley de Seguridad de 2015, la conocida como 'Ley Mordaza', para imponer más de un millón de denuncias por saltarse las limitaciones del estado de alarma. Se trata de una norma que se quiere reformar por el Gobierno y que, hasta entonces, el secretario de Estado ha defendido como necesaria.

"Nadie quiere recurrir al elemento sancionador", ha dicho, antes de subrayar que se opta por esta norma por "determinados comportamientos" dentro de una estrategia para prevenir el Covid-19, una pandemia para la que, según él, se hizo todo lo posible para que los agentes tuvieran los medios de protección, citando los once millones de mascarillas y la realización de más de 100.000 test.

Otro de las polémicas del estado de alarma fue la monitorización de redes sociales, que Pérez ha defendido pero enmarcándolo exclusivamente a "informaciones falsas" que pudieran inquietar a los ciudadanos o generar inseguridad, recordando que esto mismo lo hacen otros países sin que cause según el extrañeza.