La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recurrirá a través de la Abogacía del Estado para "unificar criterio" tras el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que ha anulado el reparto de un complemento por productividad de 1,1 millones de euros para directivos de centros penitenciarios, según ha informado a Europa Press un portavoz del organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Según explican desde Instituciones Penitenciarias, el recurso se planteará ante los diferentes pronunciamientos en diversas instancias judiciales, ya que los sindicatos utilizaron varias vías para anular el reparto de un plus de productividad aprobado en 2017 por el entonces secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, siendo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

En la sentencia del 14 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirma el fallo de 17 de abril de 2018 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, y que fue recurrido por la Abogacía del Estado, considerando contraria a derecho el reparto de ese 1,1 millón de euros.

Fuentes de Interior en la etapa de Zoido justificaron el reparto de productividad remitiéndose a la Instrucción 3/2013, de 25 de octubre, sobre jornada y horario del personal de Servicios Periféricos.

En concreto, desde Interior se explicó que se trataba de la distribución de un excedente y que se aprobó por el órgano competente, mediante resolución administrativa motivada y pública, informándose previamente a los legítimos representantes de los trabajadores en reunión convocada única y exclusivamente a estos efectos.

Sin embargo, la Sala condena a la Administración al pago de costas y repasa en su fallo las diferentes instrucciones de la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para concluir que esto "no puede pretender eludir la negociación so pretexto de un eficaz funcionamiento de la Administración". La sentencia podía ser recurrida en casación en el plazo de 30 días.

En 2017 la Administración Penitenciaria anunció que se distribuiría únicamente entre determinado personal directivo 1,1 millones de euros en concepto de productividad, una decisión denunciada por los sindicatos al entender que era unilateral y tomada sin ningún tipo de negociación.