El Ministerio del Interior cifra en 5.857 los delitos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos registrados hasta agosto, una cifra ligeramente inferior que la de 2019, en tanto que en 2020 estas infracciones aumentaron por el papel de los cuerpos policiales en el control del cumplimiento de las restricciones impuestas por la pandemia.

Así consta en el Sistema Estadístico de Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad con información relativa a todos los cuerpos policiales desde 2011, que incluyen los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad sobre los delitos de atentado contra la autoridad y los agentes, así como los daños en la vía pública y en vehículos.

Varios sindicatos policiales como JUPOL y el SUP han alertado de un aumento de las agresiones a policías a raíz de los enfrentamientos de jóvenes de botellón contra los funcionarios o la reciente paliza a un agente fuera de servicio en el metro de Zaragoza que recriminó a su agresor que se pusiera la mascarilla.

Las organizaciones sindicales consideran que estos hechos han dejado de ser aislados porque el principio de autoridad cada está más cuestionado y el castigo de multa por estos delitos es insuficiente.

Precisamente el PP ha registrado ya en el Congreso una proposición no de ley en la que solicita modificar el Código Penal para endurecer el castigo a los agresores de los policías.

Sin embargo, desde la Secretaría de Estado de Seguridad los datos no reflejan el incremento denunciado. Desde enero a agosto, según la estadística a la que ha tenido acceso Efe, Interior ha registrado 5.857 incidentes tipificados como atentado a la autoridad (404); atentado contra agentes (5.440) y atentado contra funcionario público (13).

En 2020, año de la pandemia con importantes restricciones a la movilidad ciudadana vigiladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, el total de estas infracciones de atentado contra autoridad, agentes y funcionario público superó los 7.500, siendo la tipología más numeroso el de atentado contra agentes (6.865).

Un año antes, Interior contabilizó unos 6.100 delitos contra autoridad, contra agentes y contra funcionarios públicos, en tanto que en la última década estas infracciones penales han oscilado en cifras también similares, desde las más de 7.300 registradas en 2011 a los 5.700 delitos de este tipo computados en 2015.