El Ministerio del Interior y el Congreso de los Diputados impulsarán un Estatuto de la Persona Desaparecida que ampare los derechos de víctimas y familiares y estudiarán las reformas legislativas necesarias para cubrir los vacíos existentes en la normativa española en esta materia.

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, se ha comprometido hoy a ello en el Congreso de los Diputados durante la jornada parlamentaria sobre "Soluciones jurídicas a las desapariciones de personas", en la que han participado familiares de desaparecidos y representantes de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal, InterSOS y Fundación ANAR.

Por su parte los diputados de PP, María Jesús Moro; de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y del PSOE, Antonio Hurtado, han mostrado también su compromiso de apoyar las reformas legislativas que sean necesarias para resolver la problemática que sufren las familias de los desaparecidos, con la aprobación del Estatuto de la Persona Desaparecida, la mejora de los protocolos y la dotación de más recursos.

Por su parte, José David Carracedo, de Unidos Podemos, se ha solidarizado igualmente con las familias de las víctimas y les ha animado a que presenten una iniciativa legislativa popular.

Todos ellos han anunciado que en breve fijarán una fecha para comenzar a realizar los trabajos necesarios para todo ello.

Ana Botella se ha hecho eco de las peticiones de los familiares de los desaparecidos de aprobar dicho Estatuto "para trasladar al ámbito jurídico las necesidades de quienes sufren estas situaciones tan dramáticas".

También se ha mostrado dispuesta a trabajar para mejorar los canales de comunicación desde la Administración a las familias afectadas e incidir en la coordinación de Guardia Civil y Policía Nacional con las fuerzas de seguridad autonómicas y locales.

El director del Centro Nacional de Desaparecidos, Jaime Cereceda, ha destacado durante la jornada que "a día de hoy las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen buscando a diez mil personas".

Ha añadido que anualmente se denuncian en España entre 20.000 y 25.000 desapariciones, aunque muchas de ellas se resuelven en horas, la inmensa mayoría en pocos días y algunas en meses o años, pero otras se convierten en desapariciones de larga duración y quizá no llegan a resolverse jamás.

De las denuncias activas el 60 por ciento corresponden a menores, y de ellas el 81 por ciento a menores no acompañados muchas veces huidos de centros de acogida.

Familiares de desaparecidos han reclamado a los grupos parlamentarios un pacto de Estado y que afronten esta problemática al modo que se ha hecho con la violencia de género y con los accidentes de tráfico para que además se refleje en los presupuestos generales una partida específica para mejorar los medios, los protocolos y la coordinación.

Han puesto de manifiesto que una vez que sus casos pasan al circuito judicial se enfrentan a una carrera de trabas y trámites dolorosos que al final por la inexistencia de un marco legal específico termina en el archivo de los expedientes.

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Uno de los intervinientes ha sido Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, la joven de 18 años que desapareció en agosto de 2016 en Puebla de Caramiñal (A Coruña) y cuyo cadáver fue encontrado el 31 de diciembre de 2017.

Juan Carlos Quer ha recordado que Diana estuvo desaparecida durante quinientos días hasta que al final fue encontrado su cuerpo por lo que ha comentado que respecto a otros familiares que aún buscan a sus seres queridos él al menos puede llevar a su hija "flores a un sitio digno".

"No nos podemos permitir el lujo de ignorar como se está ignorando a un colectivo que no es menor", ha señalado Juan Carlos Quer, que ha recordado que se trata de un problema que le puede pasar a cualquiera.

Por su parte, Antonio Zurera, cuya hermana Ángeles desapareció en 2008 en Aguilar de la Frontera (Córdoba) ha indicado: "Necesitamos menos palmaditas en la espalda, menos discursos y más hechos". Ha añadido que su familia está pagando la investigación ya que su caso está cerrado.

Ana Herrero, madre del ingeniero de informática desaparecido hace casi cinco años en Colombia, ha reclamado un protocolo ante una desaparición en el que se implique también el Ministerio de Exteriores ya que en su caso se ha sentido desamparada por la Embajada española.