El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha insistido este jueves en la existencia de "irregularidades" en las facturas declaradas nulas de pleno derecho en el proceso de contratación de 32 actuaciones del programa 'Calles Abiertas', por las que han vuelto a pedir "responsabilidades políticas" al Gobierno local.

Como ha reseñado en rueda de prensa la concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, "el dictamen del Consejo Consultivo es claro y contundente, las contrataciones se realizaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y se hizo de manera continuada". "Se actuó al margen de la Ley de Contratos", ha afirmado.

Tras las declaraciones realizadas ayer por el portavoz del equipo de Gobierno, Sanz ha señalado que "el contenido del informe evidencia que si se cometieron irregularidades en el proceso de contratación", y, en este sentido, ha citado textualmente el fundamento de Derecho Cuarto, punto 4, del Dictamen.

Un texto que dice "debemos de concluir que en las adjudicaciones verbales realizadas por el Ayuntamiento de Logroño objeto de este expediente, no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido al efecto, bien por no tratarse de contrataciones que pueden ser consideradas de emergencia, bien por no haberse iniciado la prestación en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo del órgano de contratación que permitía acudir a la vía del artículo 120 LCSP'17, lo que determina la nulidad de las mismas".

Además el dictamen del Consejo Consultivo en materia de revisión de actos administrativos es, además de preceptivo, habilitante de la ulterior decisión revisora de la Administración, que solo puede declarar la nulidad del acto si dicho dictamen hubiera sido favorable, esto es, estimatorio de la nulidad denunciada.

Por ello, el dictamen concluye en su punto primero que "devino nula de pleno derecho por no poder ser consideradas de las actuaciones contratadas como de emergencia y en otros supuestos por no haberse iniciado la ejecución de las prestaciones en el plazo de un mes siguiente al acuerdo de la Alcaldía de 4 de mayo de 2020".

"El Partido Popular no tiene que pedir disculpas, es el Ejecutivo local el que debe dar explicaciones y depurar responsabilidades políticas ante unos hechos graves", ha señalado la concejala 'popular', quien ha recordado que "se trata de la mayor gravedad administrativa dentro de un proceso administrativo".

La concejala ha manifestado que, desde el Grupo Popular, "denunciamos certezas, e informamos con transparencia del contenido del dictamen del Consejo Consultivo, algo que no ha hecho el Ejecutivo local".

Igualmente, ha incidido en que "no ha hecho falta judicializar el asunto porque los controles internos del Ayuntamiento de Logroño, en concreto, Intervención, Dirección General de Contratación y Servicios Jurídicos, han funcionado y han obligado al Gobierno socialista a anular la contratación realizada".

Ha señalado que, "como ha explicado en varias ocasiones el Grupo Popular, los informes de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, de Intervención y de la Dirección General de Contratación, señalaban la nulidad del proceso de contratación, iniciándose así el expediente de revisión de oficio".

El Grupo Municipal Popular solicitó dos Comisiones Informativas Extraordinarias sobre este asunto y remitió al Defensor del Pueblo, ampliando la queja presentada, los informes técnicos obrantes en el expediente de estas contrataciones.

"Por todo ello, desde la firmeza y el rigor, volvemos a exigir explicaciones al alcalde y a su equipo de Gobierno y nos ratificamos en nuestra petición de exigir al Gobierno local que se asuman y se depuren las responsabilidades políticas que se deriven de todo este proceso", ha concluido Celia Sanz.