El informe pericial encargado por el juez que investiga presuntas facturas falsas de UGT en cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía apunta que el sindicato imputó al Gobierno regional gastos no subvencionables por 5,3 millones.

El informe de 132 páginas entregado al titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, señala que de una treintena de expedientes (cuyo análisis se encargó hace tres años) ha comenzado a examinar 14 por ser los de mayor cuantía económica (superan los 88 millones) y más importantes para la causa investigada.

En dos de ellos no hay documentación suficiente para el análisis y otro está pendiente de un expediente de reintegro de mayo de 2016 por el que la Junta reclamó al sindicato la devolución de la subvención, por lo que el perito descarta analizaron en este momento.

Así, el informe se refiere a once expedientes y el perito detecta que en todos los casos, aunque UGT era beneficiario de las subvenciones de la Junta, los cursos eran impartidos por entidades colaboradoras a modo de "subcontrataciones", principalmente IFES pero también otras.

Esta práctica es posible si bien no exime de responsabilidad administrativa al beneficiario de la subvención y, según el perito, las facturas emitidas por IFES "pone de manifiesto que IFES ejecutaba los cursos en su totalidad" por lo que "todos los gastos imputados que no correspondan a IFES, con excepción de los de contratación de auditorías, no son subvencionables o elegibles y vienen a suponer un aumento del coste de la actividad subvencionada".

Analizando caso a caso, el informe cuantifica en 5,3 millones de euros los gastos justificados a la Junta y no correspondientes a IFES para la ejecución del curso, entre ellos "gastos de la propia UGT" como "nóminas y seguros sociales de empleados que se suponen de UGT", amortizaciones, publicidad o seguros de accidente.

También alquileres de equipos y aulas a "un entramado de entidades vinculadas" al sindicato como Soralpe, lo que a juicio del perito "deriva en una práctica de lo que parece ser un aumento innecesario del coste de la subvención, prohibido por la Ley General de Subvenciones".

El informe también indica que el sindicato incumplió en algunos casos la obligación de pedir tres presupuestos al subcontratar la impartición de los cursos subvencionados con fondos públicos y que existen facturas de IFES "de difícil análisis" por no estar la información completa y ordenada "a pesar de que es realmente quien ejecuta la actividad subvencionada".

Ante estas deficiencias de documentación, determinar si los gastos de esas facturas son o no subvencionables hubiera requerido, señala el perito, "una labor de auditoría".

En la primera parte del informe, el autor -perito designado por la Junta entre sus interventores- expone las dificultades que ha tenido para hacer este análisis por la falta de apoyo (se nombraron dos peritos pero han ido renunciando varios), la ingente documentación y su desorden.

El informe también analiza las prácticas llamadas de "rapel" y "bote" del sindicato con algunos proveedores de confianza a los que instaba a inflar supuestamente facturas cuyo sobrante iba a sus arcas o a elaborar recibos por conceptos distintos para poder justificar los gastos subvencionados.

El importe de estos "mecanismos defraudatorios", en concreto el llamado "rapel" alcanza en algunos expedientes casi los 200.000 euros si bien en otro el informe habla de "cantidades ínfimas".