El dictamen del grupo de trabajo sobre los sucesos de los Sanfermines del 78 elaborado por la Universidad Pública de Navarra e impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona concluye que hubo "premeditación para reprimir" a la población y que abría que presentar una querella por delitos de lesa humanidad.

Las conclusiones del estudio han sido detalladas en rueda de prensa por Nerea Pérez Ibarrola, de la UPNA, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, quien ha apuntado que los servicios jurídicos analizarán las conclusiones que son "contundentes" y si lo estiman conveniente presentarán la querella.

Los hechos comenzaron la tarde del 8 de julio de 1978 cuando las fuerzas del orden público entraron a la plaza de toros tras exhibirse una pancarta a favor de la amnistía y continuaron hasta la madrugada fuera del coso con "cargas con porras, pelotas de goma, bombas de humo y disparos de fuego real", como consecuencia de los cuales hubo "un muerto, Germán Rodríguez, y seis heridos de bala". A ellos se sumarían otros heridos, entre 50 y 55 personas.

La falta de documentación ha sido uno de los principales problemas con los que se han encontrado, según Pérez, quien ha comentado, entre otras cuestiones, que no han obtenido respuesta sus peticiones de información al ministerio del Interior o a la dirección general de la Policía o al Archivo Histórico Nacional.

El texto concluye que "parece claro que existió un plan premeditado para ejercer una represión importante" durante las fiestas como "una especie de escarmiento contra una población navarra que se consideraba un peligroso referente en cuanto a lucha obrera y popular", en un "contexto represivo muy fuerte".

Asimismo, señala que los hechos "encajarían perfectamente dentro del concepto de delitos de lesa humanidad, con independencia de otras calificaciones concretas que pudieran merecer cada uno de los hechos" y concluye que la investigación judicial fue "negligente, insuficiente y mediatizada por la intervención de las propias fuerzas y personas culpables de los hechos".

Por ello ve necesario que se reabran los sumarios y se realice una investigación "seria y eficiente", para luego solicitar las actuaciones pertinentes contra las personas responsables.

Por último, considera interesante que el Ayuntamiento inste a los organismos y autoridades competentes a que desclasifiquen o faciliten copia de la totalidad de los documentos relativos al caso y propone la presentación de una querella.