El "macrofondo" público de pensiones en el que trabaja el Gobierno busca extender en España los planes de pensiones promovidos por las empresas con comisiones más bajas e incentivos fiscales, un aspecto aún no incluido en el proyecto que será clave para ampliar con éxito un modelo hasta ahora minoritario.

El borrador del anteproyecto de ley, presentado esta semana a patronal y sindicatos y en el que trabajan varios ministerios, recoge los detalles de las dos patas que el Gobierno quiere desarrollar para extender los planes de pensiones de empleo -los promovidos por empresas o instituciones para sus trabajadores-, que actualmente solo cuentan con 1,9 millones de partícipes en España.

Por un lado, se articula la puesta en marcha de ese gran fondo (que en realidad serán varios) de promoción pública gestionado por empresas privadas y, por otro, se desarrolla una nueva figura, los denominados "planes de pensiones de empleo simplificados", que tendrán cabida en dicho "macrofondo".

El fin, destaca el borrador, es "fomentar la creación de nueva previsión social complementaria incardinada en las empresas y facilitar el acceso a los planes de empleo a colectivos que, hasta ahora, encuentran dificultades para acceder a los mismos".

En España, añade, los planes privados colectivos complementan pensiones a poco más del 10 % de la población activa ocupada, mientras que en Europa el nivel de empleados protegidos va en un rango amplio del 25 % al 90 %.

13 MILLONES DE PARTÍCIPES Y 100.000 MILLONES GESTIONADOS EN 2030

Desde el principio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que este fondo público de pensiones se constituirá como "una alternativa" a los individuales con "comisiones asequibles", un 0,5 %, y con mejoras en las rentabilidades al elevar el volumen gestionado.

El borrador recoge que en el "macrofondo" público podrán entrar planes de empresa fruto de negociación colectiva, así como planes de administraciones públicas, sociedades mercantiles públicas, asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales o mutualidades.

En cifras, según se detalla en el plan de recuperación, transformación y resiliencia remitido a Bruselas, se busca que en 2030 haya 13 millones de trabajadores partícipes en estos planes y que, a más largo plazo, cubran al 80 % de la población activa ocupada.

En volumen de activos gestionados se fija que, en términos de PIB, pasen de menos del 3 % actual al 9 % al final de esta década, lo que supone unos 100.000 millones, para escalar al 18 % del PIB en 2040 y al 31 % en 2050, "convirtiéndose en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital".

EL DESARROLLO DE LA PARTE FISCAL, AÚN PENDIENTE

Pero para que estas proyecciones puedan cumplirse, el plan de Escrivá debe contar con un desarrollo fiscal aún incompleto, según explica a Efe el director del área de previsión social de Mercer, Miguel Ángel Menéndez.

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"Está muy bien que se abogue por fomentar estos planes en la negociación colectiva pero sin incentivos fiscales para que las compañías puedan montarlos, estamos en el mismo punto de partida", argumenta Menéndez que explica que, por ejemplo, en Reino Unido, estos planes conllevan bonificaciones en las cuotas sociales a las empresas que deciden ponerlos en marcha.

Por el momento, el Gobierno ha hecho cambios en lo que respecta a las deducciones fiscales en el IRPF desplazando a estos planes colectivos los beneficios que tenían los individuales, algo que, subraya el director de Mercer, es insuficiente si se quiere extender este modelo.

"Este macrofondo de planes de pensiones de empleo no deja de ser un envoltorio de último recurso para las empresas que puedan promover ese plan complementario, pero la cuestión aquí es ver cómo se financian", asegura a Efe el secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO, Carlos Bravo.

Bravo también recuerda que todo el tema de incentivos fiscales y tratamiento fiscal, aún sin concretar, recae en el Ministerio de Hacienda.

Los sindicatos se han opuesto a entrar ahora a negociar este modelo cuando la mesa de pensiones tiene otros aspectos más urgentes y relevantes abiertos.

"No aborda cuestiones esenciales en relación de los derechos de las personas trabajadoras y supone cambios sustanciales sobre la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo que no compartimos y que, en su caso, se abordarán cuando se finalice el desarrollo de las materias acordadas en julio", criticaban en un comunicado conjunto UGT y CCOO.

El Gobierno se había comprometido a tener antes de final de año el anteproyecto de ley con el objetivo de completar toda la tramitación en la primera mitad de 2022 aunque, según señalan los expertos, es improbable que estos nuevos planes de pensiones de empleo puedan comercializarse antes de 2023.