El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha solicitado a la Comisión Europea que no adopte represalia alguna contra los Estados miembro por adoptar medidas "destinadas a la protección de su integridad territorial y nacional, así como de la seguridad de sus ciudadanos", en pleno debate por la posible aplicación del mecanismo de condicionalidad.

Bruselas ha remitido sendas cartas a los gobiernos húngaro y polaco con un último aviso antes de aplicar el mecanismo para congelar fondos europeos. Les recrimina a ambos su deriva autoritaria y los supuestos ataques al Estado de Derecho y les da dos meses de plazo para enviar sus alegatos.

Orbán ha asegurado en una carta a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, que los países no deberían ser "castigados" por adoptar "soluciones" para "crisis que amenazan a todos", con una advertencia directa a la crisis migratoria en el este de Europa y que "cambia de una hora para otra".

Considera que, dado que se trata de una situación extraordinaria, las capitales deberían tener más margen de maniobra. En este sentido, ha recordado que el Consejo ya abogó en la cumbre de líderes de octubre por revisar un marco legal "obsoleto" para permitir que los Estados puedan responder de forma "inmediata y apropiada" a cualquier emergencia.

Para Orbán, la principal debilidad de la regulación actual tiene que ver con el libre tránsito dentro de la UE, que permitiría a los solicitantes de asilo moverse libremente dentro del bloque antes de que se resuelva su petición e incitaría a los países a introducir controles en las fronteras internas.

El primer ministro húngaro ha subrayado que su Gobierno ha defendido la "seguridad" de Europa desde la crisis migratoria de 2015, lo que se traducido en el refuerzo de la frontera y también en un intento por "diferenciar" entre los migrantes que requieren de protección internacional y quienes buscan aprovecharse de lo que representa la vida en Europa".