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HRW responsabiliza a Al Assad y Putin de posibles crímenes de guerra en Idlib por ataques contra civiles

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 09:04

La ONG advierte de que los repetidos ataques contra infraestructuras civiles en esta región podrían constituir crímenes contra la Humanidad

Cientos de civiles murieron en la ofensiva militar efectuada por las fuerzas del régimen de Bashar al Assad con apoyo de Rusia entre abril de 2019 y marzo de 2020 para recuperar el control de Idlib, último bastión de Siria controlado por los rebeldes, durante la que se atacaron repetidamente infraestructuras civiles en aparentes crímenes de guerra y que podrían constituir crímenes contra la Humanidad, según Human Rights Watch (HRW). Detrás de dichos crímenes estarían una decena de altos cargos de ambos países, incluidos el presidente sirio y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

La organización ha recogido en su último informe, "'Atacando la vida en Idlib': Bombardeos sirios y rusos sobre infraestructura militar", decenas de ataques terrestres y aéreos contra hospitales, escuelas y mercados durante ese periodo, en clara violación de las leyes de la guerra en una región en la que viven tres millones de civiles, muchos de ellos desplazados llegados de otros puntos del país.

En concreto, ha podido documentar 46 bombardeos aéreos y terrestres, para los que se ha llegado a emplear municiones de racimo --prohibidas a nivel internacional--, que alcanzaron de forma directa o dañaron objetivos e infraestructuras civiles en Idlib, en violación del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe atacar contra los mismos. Como resultado de ello, al menos 212 civiles murieron y otros 560 resultaron heridos.

Entre los objetivos de los ataques, la mayoría de los cuales se concentraron en torno a Ariha, la ciudad de Idlib, Yisr al Shughur y Maaret al Numan, figuran doce centros de salud y diez escuelas, que tuvieron que cerrar por los daños sufridos, en algunos casos de forma permanente, así como cinco mercados, cuatro campos de desplazados, cuatro barrios residenciales, dos áreas comerciales y una prisión, una iglesia, un estadio y la oficina de una ONG.

HRW no encontró pruebas de objetivos militares, incluidos tanto personal como material, en las proximidades como para justificar ninguno de estos ataques y ninguno de los residentes entrevistados recibió ninguna alerta de antemano. La mayoría de los ataques, ha precisado, se produjeron lejos de la línea de frente entre las fuerzas gubernamentales sirias y los rebeldes.

Dichos ataques, ha resaltado HRW, fueron solo una fracción de los efectuados durante la ofensiva, que dejó 1,4 millones de desplazados. La ONG ha trasladado los hallazgos de su investigación, basada en testimonios así como en el análisis de imágenes vía satélite, fotos y otros documentos, tanto a las autoridades sirias como a las rusas, pero no ha obtenido respuesta.

RESPONSABILIDAD DE MANDO DE LOS CRÍMENES

Además, ha conseguido identificar a diez altos cargos militares y civiles sirios y rusos que podrían estar implicados en estos crímenes de guerra por su responsabilidad de mando y que, según HRW, "sabían o deberían haber sabido de los abusos y no adoptaron ninguna medida efectiva para detenerlos o castigar a los responsables de los mismos".

Entre los posibles responsables de los abusos cometidos en el período analizado están Al Assad y Putin, en su calidad de jefes del Estado Mayor de sus respectivas Fuerzas Armadas. Asimismo, según el informe, también sería responsable el ministro de Defensa sirio, teniente general Alí Abdulá Ayub, así como el comandante de la Fuerza Aérea siria, general Ahmed Ballul.

Del lado ruso, HRW responsabiliza al ministro de Defensa, Sergei Shoigu; al jefe del Estado Mayor, general Valery Gerasimov; al jefe de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Sergei Rudskoi; al comandante de las fuerzas rusas en Siria entre marzo y abril de 2019, el general Sergei Surovikin; así como a su sucesor hasta septiembre de 2019, general Andrei Serdiukov; y a quien ocupó el puesto hasta este septiembre, el general Alexander Chaiko.

"Los bombardeos de la alianza sirio-rusa contra hospitales, escuelas y mercados en Idlib han demostrado una cruel falta de respeto por la vida de los civiles", ha lamentado el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth. "Los repetidos ataques ilegales parecen formar parte de una estrategia militar deliberada para destruir infraestructura civil y forzar a huir a la población, facilitando así al Gobierno sirio recuperar el control" de la región, ha denunciado.

USO DE ARMAMENTO EXPLOSIVO EN ZONAS POBLADAS

Además, muchos de los bombardeos documentados por HRW parecen implicar armas explosivas con efectos en una amplia área en las zonas pobladas. En este sentido, la ONG ha recortado que el uso de este tipo de armamento puede matar y herir de forma indiscriminada a una gran cantidad de civiles, además de dañar y destruir objetivos e infraestructura civil.

Asimismo, perturban los servicios esenciales como la atención sanitaria, la educación y el acceso a alimentos y cobijo. A largo plazo, según HRW, tienen un impacto psicológico en las personas afectadas. Por todo ello, ha subrayado, las partes enfrentadas deberían evitar el uso de este tipo de armamento en zonas pobladas.

Por otra parte, dado el punto muerto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia, principal aliado de Damasco, tiene poder de veto, HRW ha pedido a la Asamblea General de la ONU que adopte una resolución o declaración de sus estados miembro para imponer sanciones selectivas contra aquellos responsables civiles y militares implicados de forma creíble en crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y otras graves violaciones que se han cometido en Siria.

Igualmente, los gobiernos preocupados deberían llevar a cabo procesos penales bajo el paraguas del principio de jurisdicción internacional e imponer sanciones selectivas unilaterales contra los comandantes y los oficiales implicados en los crímenes de guerra, incluidos aquellos por su responsabilidad de mando.

"Hacen falta esfuerzos internacionales concertados para demostrar que hay consecuencias para los ataques ilegales, para disuadir futuras atrocidades y para demostrar que nadie puede eludir la rendición de cuentas por graves crímenes cometidos debido a su rango o posición", ha reivindicado Roth.

"Mientras impere la impunidad, también lo hará el fantasma de la reanudación de los ataques ilegales y su devastador peaje humano", ha prevenido el máximo responsable de HRW.

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