La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes las detenciones "arbitrarias" de miembros de los partidos de la oposición de Camerún, a quien las autoridades deberían liberar "inmediatamente", así como el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar las protestas pacíficas.

El pasado 22 de septiembre, una serie de protestas pacíficas se sucedieron a lo largo del país y, según el partido de la oposición Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), más de 500 personas fueron detenidas, de las cuales solo 155 han sido liberadas.

Además, muchos manifestantes fueron golpeados durante su detención y encarcelamiento.

Estas detenciones se produjeron por "sus opiniones políticas o por ejercer su derecho a reunirse pacíficamente", y algunos de los cargos imputados incluyen rebelión, terrorismo e insurrección, mientras que a muchos de los detenidos aún no se les ha imputado ningún cargo.

Según el Gobierno, 294 personas fueron detenidas en el transcurso de esa jornada, de las cuales 176 han sido puestas en libertad.

Después de que el MRC alentara a la gente a salir a la calle ante la decisión del Gobierno de convocar elecciones regionales en diciembre, las autoridades prohibieron las manifestaciones. La oposición le exige al Ejecutivo que se revise la ley electoral antes de los comicios, además de resolver la crisis en las regiones anglófonas del país.

Alegando que las protestas provocarían aglomeraciones en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el ministro de Administración Territorial anunció que toda persona que organizara o dirigiera manifestaciones sería detenida.

DENUNCIA INTERNACIONAL

Por otro lado, HRW ha instado a entidades como la Unión Africana (UA), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) a denunciar públicamente la represión a la oposición y disidentes por parte del Gobierno de Camerún.

Es "crucial" que estas instituciones "envíen mensajes contundentes al Gobierno del presidente Paul Biya de que las violaciones flagrantes de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros tratados de Derechos Humanos son inaceptables", ha incidido la investigadora principal para África de HRW, Ilaria Allegrozzi.

Estos grupos deberían presionar al gobierno de Camerún para que "exija cuentas a los responsables de las violaciones de los derechos de reunión, de libertad y de no sufrir tratos inhumanos y degradantes", ha señalado.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y PREMEDITADAS

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HRW ha entrevistado a diez líderes y miembros del MRC, además de a cinco abogados, tres periodistas y cuatro familiares de hombres que fueron detenidos y golpeados por la Policía. Entre los detenidos el 22 de septiembre, había al menos ocho profesionales de la prensa y, algunos de ellos, fueron elegidos como blanco previamente, señala la ONG.

"Me metieron en su camión y me obligaron a acostarme. Luego me dieron una patada y uno me golpeó con una porra", ha relatado a HRW el corresponsal de Radio France Internationale en Yaundé, Polycarpe Essomba, tras relatar cómo fue su detención.

Todos los periodistas acabaron siendo liberados a lo largo del día de las protestas o en el transcurso del día siguiente.

Por su parte, el líder del MRC, Maurice Kamto, que fue detenido en 2019 por las protestas tras un decreto presidencial en octubre, permanece en arresto domiciliario con decenas de policías rodeando su residencia y la primera audiencia para decretar su puesta en libertad, o no, se ha aplazado hasta el 29 de octubre.

Otros dos destacados dirigentes del MRC, Alain Fogue y Bibou Nissack también fueron detenidos, los días 21 y 22 de septiembre, respectivamente y permanecen en la Secretaría de Estado de Defensa, sin cargos y con restricciones para hablar con sus abogados.

Después de las protestas del 22 de septiembre y tras el anuncio de nuevas manifestaciones el 1 de octubre, agentes de la Policía rodearon la sede de la fuerza opositora Partido Popular de Camerún (CPP) en Yaundé y la residencia de su presidenta, Edith Kahbang Walla.

La ONG recuerda que el derecho a la protesta pacífica está garantizado por la Constitución de Camerún, por lo que "los manifestantes deben ser protegidos por las autoridades", y señala que, siguiendo el argumento para evitar las protestas por la posible expansión de la COVID-19 del Gobierno, "la detención de cientos de personas en condiciones de hacinamiento plantea graves riesgos para la salud pública y podría considerarse una violación del derecho a la salud".

El 12 de octubre, 14 expertos independientes en Derechos Humanos de Naciones Unidas pidieron a Camerún que liberara a Kamto y los detenidos durante las protestas pacíficas y que pusiera fin a la intimidación de los activistas políticos. Esta petición, fue calificada dos días después desde el Ministerio de Comunicaciones como "parcial y tendenciosa" y "basada en información falsa".