El hijo de la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), asesinada a tiros en 2016, ha defendido que sea un jurado popular el que dé el veredicto y no un tribunal con magistrados profesionales, en contra de la tesis de su cuñado Miguel López, único acusado por el crimen.

La defensa de López, casado con una de las hijas de la asesinada María del Carmen Martínez y del también fallecido expresidente de la CAM Vicente Sala, había planteado en las cuestiones previas a la celebración del juicio que fuera un tribunal de magistrados profesionales y no un jurado, el encargado de pronunciarse sobre su inocencia o culpabilidad.

Utilizó como argumento que el intenso seguimiento mediático de este crimen por parte de los medios de comunicación provoca un "juicio paralelo" que impide un juicio objetivo por parte de un jurado popular que prevé "contaminado" y no apto para dar un veredicto.

Incluso, el abogado de López planteó a la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, que si decide mantener el juicio por el procedimiento del jurado que éste se celebre en otra provincia distinta a la de Alicante.

Sin embargo, la acusación particular que ejerce el hijo primogénito de la víctima, Vicente Sala Martínez, defiende también en las cuestiones previas que un tribunal formado por un jurado popular debe juzgar a su cuñado.

De esta manera, cree que no existe una causa excepcional que pueda sustentar la existencia de esa contaminación y juicio paralelo, y añade que la atención dedicada por los medios periodísticos a un caso como el crimen que se juzga es la habitual y que no puede presuponerse ninguna influencia sobre un jurado que todavía no ha sido seleccionado.

La magistrada que preside el tribunal del jurado deberá resolver ahora las cuestiones previas planteadas tras atender las alegaciones de todas las partes.

La viuda del expresidente de la CAM fue asesinada de dos tiros en la cabeza en la noche del 9 de diciembre de 2016 en el lavadero de coches de un concesionario de vehículos que entonces gestionaba (Novocar), una de las empresas de la familia y cuyo gerente era López.

López es el único acusado por esos hechos y permanece en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros cuando llevaba 40 días en la cárcel.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para él una pena de 24 años de prisión, mientras que su defensa solicita su libre absolución al considerar que no existe ninguna prueba sólida que le incrimine.

La Policía ha sostenido desde el principio que el móvil era la guerra por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la CAM.

Su viuda y el hijo primogénito estaban enfrentados a las otras tres hijas del matrimonio y a los maridos e hijos de éstas por ese control de la compañía.