Zoilo Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fallecido empresario, no ira a juicio por un delito contra la Hacienda Pública por el que iba a ser juzgado hoy, junto a otro de sus hermanos, al advertir la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en el caso del primero, que el delito está prescrito.

Zoilo Ruiz-Mateos se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por el que la Abogacía del Estado le pedía una pena de 3 años y seis meses de prisión.

Sí ha sido juzgado José María Ruiz-Mateos, acusado de supuestamente no declarar el pago del IVA en la venta de 318 inmuebles a una entienda en 2004, cuando era administrador junto a su padre de la sociedad mercantil Edificio Novosur S.A., que formaba parte del entramado de entidades Nueva Rumasa.

Un delito defraudatorio por el que la Fiscalía le pide una pena de cárcel de dos años y tres meses.

En las cuestiones previas, el abogado de los dos hermanos Ruiz-Mateos ha realizado una exposición en la que ha argumentado la prescripción de los delitos con 16 sentencias absolutorias de tribunales en Madrid en los que se juzgaba a miembros de la familia Ruiz-Mateos por delitos defraudatorios.

Y ha añadido que la familia Ruiz-Mateos siempre actuaba bajo la dirección del fallecido José María Ruiz-Mateos y que éste se apoyaba en su oficina de gestión. Tras ello, ha pedido al tribunal que juzga la causa que pusiese fin al procedimiento contra los dos hermanos Ruiz-Mateos.

Por su parte, la fiscal se ha opuesto a lo planteado por la defensa y ha señalado que la prescripción de los delitos en esta causa no es "nada sostenible" puesto que no hay "semejanza en los procedimientos sobre las sentencias mencionadas que avalen la versión exculpatoria del letrado de los acusados".

El tribunal se ha ausentado para deliberar y finalmente ha entendido que en el caso de Zoilo Ruiz-Mateos los hechos estaban "claramente prescritos" y en el caso de su hermano José María debía celebrarse el juicio para esclarecer "cuándo se inicia el cómputo de la prescripción del delito".

En su declaración, José María ha negado los hechos, ha asegurado que "desconocía absolutamente" esa operación de compra-venta y que él, en la empresa familiar, "solo se dedicaba a "vender chocolates y yogures".

"Hay que actuar de acuerdo a la legalidad y no entiendo otra forma de proceder", ha concluido el acusado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía ve probado que el procesado decidió y negoció junto con su padre la venta de 318 inmuebles a la entidad Sotohenar S. L. por un precio total de 21.000.000 euros y una cuota de IVA repercutido de 3.360.000 euros.

Una cuota que no presentaron en la declaración por el IVA en el ejercicio de 2004, incumpliendo, según el fiscal, sus obligaciones tributarias como administradores de la empresa.