El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, tomará declaración esta semana a 29 imputados dentro de la pieza de la financiación ilegal del PP madrileño y la relativa al exconsejero Francisco Granados, entre ellas un hermano de éste y varios excargos de la Comunidad de Madrid.

Las declaraciones comenzarán este lunes con cinco imputados en el marco de la financiación ilegal del PP, como el exviceconsejero de Presidencia e Interior Alejandro Halffter y varios antiguos cargos y funcionarios de algunas consejerías madrileñas.

El martes será el turno de nueve investigados más, entre ellos un hermano de Francisco Granados, el principal imputado en la trama, y Francisco Lobo, un exalto cargo de Vicepresidencia de la Comunidad, por varias adjudicaciones presuntamente irregulares.

También de Aurelio García de Sola y Arriaga, que es pariente del marido de la expresidenta Esperanza Aguirre, citada el 18 de octubre.

El miércoles deberán declarar ocho más por la pieza de la financiación irregular, como el ex responsable de Procesos Electorales Jesús Vicente Gil y el exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo.

Este último ya declaró y dijo que el ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás le contó que el expresidente madrileño Ignacio González le había pedido en junio de 2012 un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid.

El mismo día también está citada la exdirectora de la Agencia Madrileña para la Emigración María Victoria Cristóbal y varios exaltos cargos de la empresa pública Mintra, a través de la cual se desvió dinero supuestamente al partido.

Finalmente, el jueves el juez ha emplazado a siete investigados, entre ellos varios empresarios como José Luis Ulibarri, ya vinculado con otros casos de corrupción del PP como Gürtel o Enredadera.

Sus declaraciones se enmarcan en una ronda de citaciones que comenzaron el pasado día 9 y que concluirán el 18 de octubre con la comparecencia de Aguirre.

En esta ronda está citada otra expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y varios exconsejeros, dentro de la pieza sobre el PP madrileño y su presunta financiación con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.