Rafael Martínez y Miriam Mejías.

La deriva política con los presos electos y el hito que supondrá ya no solo la toma de posesión sino la logística en las cámaras el próximo martes marcaron la última semana del juicio, con algunos de los momentos más broncos que se recuerdan y que tensaron al límite la cuerda entre el tribunal y las defensas.

- 21M: OTRA SITUACIÓN INÉDITA EN EL "PROCÉS"

Nunca se está demasiado acostumbrado a circunstancias sin precedentes en el juicio del "procés". El próximo martes, día de constitución de las cortes, cinco presos electos (cuatro al Congreso y uno al Senado) saldrán de la cárcel de Soto del Real por unas horas camino a las cámaras para adquirir su condición de parlamentarios y volverán "sin dilación" a prisión.

Así se lo ha autorizado el Tribunal Supremo a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Raül Romeva, juzgados por rebelión.

A partir del 21M, está por ver el futuro de los parlamentarios, toda vez que, como recordó la Sala, el reglamento del Congreso prevé "la situación de que un diputado se halle en situación de prisión preventiva y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios".

- UNA PROVOCACIÓN AL TRIBUNAL

Los choques, roces y advertencias forman parte de la dialéctica del juicio sin que hasta el momento esas salidas de tono hayan desbordado la paciencia de los magistrados. Pero el vaivén de testigos de la defensa de Jordi Cuixart agotó ya no solo al presidente Manuel Marchena, sino a sus compañeros.

Acostumbrados a guardar las formas y permanecer -no todos- aparentemente estáticos, se vio a magistrados gesticular y hacer aspavientos, una actitud que se materializó en las únicas declaraciones públicas en las que la Sala manifiesta su "profundo malestar" por la "intolerable" actitud de algunos abogados y sus testigos, que supone toda una "provocación al tribunal".

Eso sucedió después de ver a testigos vacilantes, otros irónicos con las decisiones de la Sala, desafiantes con Marchena, dirigidos a partir de guiones con respuestas que consultaban tras las preguntas de las defensas e, incluso, hubo quien estuvo cerca de colocarse una nariz de un payaso. El tribunal tenía un límite.

-LA GENERALITAT SE BLINDA CONTRA LA MALVERSACIÓN

Como no podía ser de otra forma, altos cargo políticos de la Generalitat han protagonizado la enésima negación de la malversación. Un blindaje institucional de los subalternos de aquellos que están hoy sentados ante el tribunal. El exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat y la directora general de Contratación, Francesc Esteve y Mercé Corretja, han dejado claro que no se gastó ni un euro público en la organización del 1-O.

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No hubo nada. Ni contratos, ni compromiso de gasto ni facturas pendientes. Al menos formales, como así se esfuerza en constatar la Fiscalía en todas sus intervenciones dejando entrever una estructura paralela que se le escapa al tribunal.

Además, los testigos rebajaron la importancia del acuerdo solidario que firmó el 6 de septiembre el Govern para el 1-O, porque desde entonces no había forma de contratar porque las cuentas estaban intervenidas y los procesos contractuales duran 4 meses.

- LOS COMPAÑEROS DE FORCADELL SALEN EN SU DEFENSA

Al filo del fin de las testificales, dos antiguos compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament (Lluis Corominas y Anna Simó) han apoyado su estrategia de defensa al aducir, como ella misma reiteró, que el órgano se guía por criterios formales y no de fondo para admitir a trámite iniciativas como las denominadas leyes de desconexión, suspendidas más tarde por el Constitucional.

La Fiscalía incide en que la Mesa permitió la votación de la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, "a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales", así como la votación de la DUI.

Pero según Simó, pendiente como Corominas de ser juzgada por desobediencia en Cataluña, la DUI venía en el preámbulo de la resolución y no se votaba, principal argumento de los acusados para restarle valor jurídico a la declaración de independencia.

-SE AVECINA EL FINAL

Tras más de tres meses de un juicio que comenzó el 12 de febrero, el final ya comienza a vislumbrarse. El tribunal prevé que sea a mediados de junio, quizá entre la segunda y la tercera semana.

Según pusieron en común defensas, acusaciones y tribunal, la Sala calcula saldar la fase pericial en dos días, la documental en tres, y dejar cuatro para los informes (uno para acusaciones y tres para defensas).

Tras esto vendría la última palabra de los acusados, momento en el que se cerrarían las puertas del Salón de Plenos del Supremo, a la espera de la sentencia. Pero eso ya será más bien en otoño.