La sentencia de la Gürtel que condenó al PP como responsable lucrativo de la corrupción cometida por varios de sus dirigentes supuso un vuelco en la política española, al derribar el Gobierno de Mariano Rajoy por la moción de censura de Pedro Sánchez y tensar más si cabe la relación entre los partidos.

Fue el 17 de mayo de 2018 cuando la Audiencia Nacional dio a conocer su fallo sobre el macrojuicio que condenó a casi una treintena de acusados y en la que constató que el PP se había lucrado de la trama, un sentencia "demoledora" que empujó a Sánchez a convencer a una mayoría parlamentaria para desalojar a Rajoy de la Moncloa.

"A Rajoy no le gusta hacer nada, pero tras esta sentencia, el no hacer nada se acabó", proclamó el entonces líder del PSOE para justificar la moción de censura, la primera en prosperar en toda la democracia.

Rajoy rechazó dimitir, como le planteó Sánchez, y acusó a los socialistas de hacer una interpretación "libre, interesada y manipulada" del fallo de la Audiencia Nacional, que, según el PP, no debió pronunciarse sobre la caja B.

Algo que el Tribunal Supremo ha respaldado este miércoles en cierto modo al estimar "excesivas" las menciones a esta contabilidad paralela al recordar que este asunto no se juzgaba, si bien ha ratificado que los populares fueron partícipes a título lucrativo.

Con el caso puesto en manos del Tribunal Supremo, el vuelco del escenario político abrió las puertas a una etapa marcada por la inestabilidad y, desde el pasado mes de marzo, por una pandemia que ha sumido al país en una profunda crisis económica.

Tras casi un año en el poder, Sánchez convocó elecciones en abril de 2019, que ganó con holgura, pero sin mayoría, por lo que tras fracasar en su intento de aprobar los presupuestos, volvió a llamar a las urnas en noviembre, lo que desembocó en el primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y Unidas Podemos, aunque dependiente de apoyos externos.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, alentó en su día el paso dado por Sánchez de impulsar la moción de censura al considerar probado que había "un partido delincuente" al frente del Gobierno, en alusión al PP, por sus casos de corrupción.

Es ahora Iglesias el que está bajo la lupa de la justicia tras la petición al Supremo del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que le investigue por presuntos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos.

También la formación morada está siendo investigada por presunta financiación ilegal, por lo que es el PP el que ahora exige a Sánchez que tome medidas contra su socio de gobierno.

El maremoto que ocasionó el relevo en la Moncloa entre Rajoy y Sánchez se ha traducido, dos años y medio después, en el Parlamento más fragmentado y polarizado de la democracia, a lo que se ha añadido la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP en la reconstrucción del país ante la crisis sanitaria.

A la tensión política también ha contribuido la situación en Cataluña, pese a que el 'suflé' del desafío independentista ha bajado, y controversias como el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace dos años.

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A lo inédito del escenario político, se ha unido un asunto que hasta ahora no había formado parte del debate, como es el cuestionamiento de la monarquía alentado por Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

La resaca de la sentencia de Gürtel ha tenido más efectos colaterales, como la 'desaparición' de figuras políticas relevantes.

Además de Rajoy, ha sido el caso de Soraya Sáenz de Santamaría y de María Dolores de Cospedal, que se apartaron tras perder las primarias ante Pablo Casado.

También se llevó por delante el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera tras el pésimo resultado electoral, que muchos achacaron al escoramiento a la derecha y a la foto de Colón con PP y Vox.

Sin presencia en el Congreso cuando Sánchez desbancó a Rajoy, la formación de Santiago Abascal, se convirtió en la tercera fuerza, con 52 escaños, y es ahora la que encabeza una moción de censura que no va a prosperar.

De las pocas cosas que no han cambiado es que el país sigue con los mismos presupuestos, los aprobados por Rajoy para 2018, aunque el Gobierno de coalición se ha conjurado para renovarlos y poder hacer frente al oscuro horizonte económico causado por la pandemia. EFE