El presidente de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), Joaquín Parra, ha considerado hoy que los agentes destinados en el País Vasco y sus familiares que sufrieron conculcación de sus derechos humanos también tendrían cabida en la denominada ley vasca de víctimas policiales.

Parra, en declaraciones a Efe, se ha referido a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, varios de cuyos artículos fueron recurridos ante el Constitucional por el anterior Gobierno del PP.

Posteriormente, el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez aprobó la retirada del recurso de inconstitucionalidad, tras un acuerdo con el Gobierno Vasco, decisión a la que se oponen varios sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y colectivos de víctimas, que formaron un grupo de trabajo para emprender acciones legales que eviten el archivo del recurso.

IGC es una asociación que no forma parte de este grupo de trabajo porque, según su presidente, no fueron invitados a sumarse y porque consideran que la ley vasca, que busca reconocer a las víctimas de motivación política, puede desarrollarse siempre que lo haga dentro del ordenamiento jurídico.

La norma, ha explicado Parra, puede ser "buena" para las víctimas que sufrieron abusos policiales pero también para los guardias civiles y familiares "afectados por esta violencia" que sí sufrieron conculcación de derechos fundamentales por su condición social y por representar al Estado en la lucha contra el terrorismo, ya que en este caso también se da la condición de "motivación política".

Guardias civiles y sus familias, ha insistido, han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de "quienes les apedreaban, golpeaban, acosaban y atemorizaban" en un contexto de motivación política relacionada con la actividad terrorista y aquellos que la promovían.

Además, el presidente de IGC ha explicado que los guardias civiles que estuvieron en Euskadi durante la actividad de ETA también podrían aportar sus testimonios en los casos de posibles abusos policiales, tanto dentro como fuera de los cuarteles, que se cometieron en esos años.

"No tenemos nada que temer ni nada de lo que escondernos porque somos activistas de los derechos humanos y si algo se hizo mal no nos importa reconocerlo", ha insistido.

Por ello, ha emplazado al Gobierno Vasco a que se reúna con esta asociación para hablar sobre la aplicación de la ley y trasladarle estas cuestiones.