La Guardia Civil ha revelado que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no emitió ninguna información específica sobre "posibles riesgos derivados de concentraciones masivas de personas en fechas próximas al 8M" ni tampoco adoptó medidas extraordinarias de salud pública.

Estas conclusiones figuran en el informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, incurrió en prevaricación al no prohibir la manifestación con motivo del Día de la Mujer, del 8 de marzo.

La magistrada solicitó a la Consejería de Sanidad que detallara las medidas adoptadas desde el Gobierno regional como consecuencia de la crisis sanitaria y este remitió un escrito firmado por el secretario general técnico de la Consejería, Francisco Javier Carmena, en el que enumera todas las recomendaciones sanitarias emitidas y recibidas hasta el 14 de marzo.

Sin embargo, los investigadores destacan "la inexistencia de documentación emitida o recibida en la Consejería relacionada con posibles riesgos derivados de concentraciones masivas de personas en fechas próximas al 8M".

"Por parte de la Consejería de Sanidad no se aporta ningún documento al respecto, por lo que se entiende la inexistencia de los mismos", es decir, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no recibió ni tampoco emitió ningún documento específico llamando a evitar actos multitudinarios ni se pronunció ante el riesgo de aglomeraciones.

Lo único que recoge el informe de la Policía Judicial son dos documentos elaborados por la Consejería el 5 de marzo que enumeran medidas de precaución ante el brote por el coronavirus en la región -uno dirigido específicamente a un centro docente-, en las que se incide "en evitar lugares con aglomeración de personas tales como eventos multitudinarios", pero no son documentos específicos sobre concentraciones ni se informa de ellos a la Delegación del Gobierno.

El informe de la Guardia Civil, que actuaba como Policía Judicial, señala también la "falta de adopción de medidas extraordinarias de salud pública, así como la no movilización de medios o recursos sanitarios o de otra índole de forma excepcional", de manera que entienden que no se adoptó ninguna al no haber documentación.

Los agentes también llaman la atención sobre las fechas y canales de comunicación de las recomendaciones sanitarias de la Consejería, ya que "la mayoría de estos escritos se entienden publicados sin contar el envío de los mismos a ningún departamento, organismo o autoridad, con la salvedad de tres resoluciones que son comunicadas de forma específica a la Delegación de Gobierno en Madrid".

No obstante, el informe recoge dos y no tres. Estas son la suspensión de las prácticas en cualquier centro sanitario y la suspensión de las actividades en centros de mayores. En ninguna de esas dos resoluciones se menciona nada sobre aglomeraciones.