JUSTICIA PROCÉS

Un grupo de afectados por el supuesto espionaje de Mossos pide reabrir causa

Un grupo de afectados por el supuesto espionaje de los Mossos d'Esquadra ha pedido que se reabra la causa, al considerar que la policía catalana se "extralimitó" en sus funciones por "fines políticos" y que no investigarlo daría "carta blanca" a repetir los seguimientos a los constitucionalistas.,Un juez de Barcelona ha archivado la causa a los Mossos por supuesto espionaje político, destapado a raíz de la documentación que iban a incinerar el 26 de octubre de 2017, la v

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 19:16

Un grupo de afectados por el supuesto espionaje de los Mossos d'Esquadra ha pedido que se reabra la causa, al considerar que la policía catalana se "extralimitó" en sus funciones por "fines políticos" y que no investigarlo daría "carta blanca" a repetir los seguimientos a los constitucionalistas.

Un juez de Barcelona ha archivado la causa a los Mossos por supuesto espionaje político, destapado a raíz de la documentación que iban a incinerar el 26 de octubre de 2017, la víspera de la declaración de independencia, al concluir que no incurrieron en "desviación de poder" y buscaron información "esencial en toda policía" ciñéndose a la legalidad.

Una veintena de afectados, representados por el abogado José María Fuster-Fabra, han interpuesto un recurso ante el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona para que reabra el procedimiento, al considerar que el carpetazo se basa únicamente en la versión del jefe de la comisaría de Información de los Mossos y que sí hubo "extralimitación" por parte de este cuerpo.

Según el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la "extralimitación" de la policía catalana se realizó "únicamente con fines políticos, usando caudales públicos y violando los derechos de los ciudadanos, actuando con clara vulneración de la independencia y neutralidad política e imparcialidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al que pertenecen los Mossos".

Para los denunciantes, entre ellos el exlíder de Sociedad Civil Catalana José Ramon Bosch y el periodista Albert Castillón, se produjo una "violación" de sus derechos, afectando a su vida privada, libertad e intimidad "sin que exista ningún fin legítimo que justifique dicha intromisión".

Según el recurso, si se mantiene el archivo acordado por el juez, ello supondría "dar carta blanca, carta de naturaleza, a que en el futuro pudieran realizarse situaciones similares sobre todo tipo de personas, especialmente en Cataluña sobre todos aquellos que desde diferentes ámbitos, el político, el jurídico y el periodístico, defienden el orden constitucional".

"Se han investigado, se han extraído datos, se han buscado vehículos, se han elaborado informes sobre una serie de personas sin fundamento alguno, la inmensa mayoría no se conocen entre sí y que sólo tienen un único nexo de unión y es el carácter de lo que se ha de llamar constitucionalistas, es decir, defensores de la legalidad vigente", alega el recurso.

En este sentido, sostiene que estos hechos "gravísimos" se deben investigar "hasta las últimas consecuencias", por lo que solicita que se reabra la causa y se cite como testigo, entre otros, al jefe de la Policía Nacional que elaboró un informe analizando el cuantioso material intervenido a los Mossos a las puertas de la incineradora.

En el informe en el que analizaba el contenido de las cajas intervenidas a los Mossos, la Policía Nacional concluía que el cuerpo autonómico había llevado a cabo una actividad no relacionada con sus labores de seguridad, "sino de seguimiento, información e inteligencia sobre personas, entidades o grupos políticos legalmente establecidos, que de alguna forma se oponían al desarrollo del plan secesionista".

Entre la documentación intervenida también había documentos de la Comisaría de Información de los Mossos relativos a diferentes actos realizados por Sociedad Civil Catalana, identificando en los mismos a miembros del PP, Ciudadanos y periodistas.

En este sentido, la Policía Nacional sostenía que los Mossos pusieron en marcha "una serie de acciones con miembros de este cuerpo para realizar tareas de vigilancia, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías, de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista".

El objetivo era, según la Policía Nacional, poder utilizar esa información "en caso de tener que negociar con el Estado español para poder llegar a su objetivo final, que no era otro que la independencia de Cataluña".

Por el contrario, el juez ha concluido que no consta que los datos obtenidos por los Mossos hayan sido usados "para algún fin político" y que su objetivo no era de espionaje, sino obtener "el máximo de información, esencial en toda policía" sobre la actuación de personas que por su "significación sociopolítica" pudieran "en un momento especialmente vulnerable" convertirse en autores o víctimas de incidentes de orden público, en pleno proceso independentista.

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