El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está mejorando el régimen de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), una adecuación que no es "un lavado de cara", sino la aplicación de los derechos humanos.

"Nuestra vocación son unos CIE compatibles, como no puede ser de otro modo, con los derechos humanos. (...) Nosotros no hacemos lavado de cara, aplicamos los derechos humanos", ha contestado Grande-Marlaska a una pregunta de la diputada de ERC María Carvalho, que ha acusado a las instituciones precisamente de hacer un "lavado de cara" de estos centros.

En la sesión de control al Gobierno, el titular de Interior ha asegurado que el Ejecutivo socialista se encontró en junio de 2018 con unos CIE "obsoletos, con un funcionamiento inadecuado, donde no se tenían en consideración los principios que constataba el Defensor del Pueblo y también los organismos internacionales".

Ahora, ha afirmado, se están produciendo mejoras en su régimen de funcionamiento según lo exigido por el Defensor del Pueblo y el Consejo de Europa.

Carvalho ha lamentado que el Gobierno no cierre estos centros que son "cárceles administrativas para migrantes que se encuentran en situación irregular esperando a ser expulsados" y también que haya migrantes que sean expulsados mediante "deportaciones exprés" que se producen "sin asistencia letrada" y sin poderlo comunicar a sus allegados.

"El Estado debe romper con la política de la diferencia y clasificación de las personas basado también en los derechos humanos", ha dicho Carvalho.

Grande-Marlaska ha negado que en España se produzcan deportaciones exprés y le ha garantizado que las expulsiones siempre se hacen conforme a un expediente administrativo y con el control de las autoridades judiciales.