La Generalitat proyectó un catastro propio desvinculado de la administración española para usarlo como herramienta de valoración de los inmuebles y calcular los tributos a la propiedad como el IBI, en una eventual Cataluña independiente, según sostiene la Guardia Civil.

En un informe, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil pide al titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a varios ex altos cargos del Govern por el 1-O, que requiera a la Generalitat toda la documentación vinculada a la planificación, desarrollo o asesoramiento sobre la creación de este "catastro catalán".

En concreto, el instituto armado insta al juez a acordar las diligencias necesarias para determinar si finalmente la Generalitat "pudo impulsar el desarrollo de un catastro propio para una Cataluña totalmente independiente de la administración española", en el marco de la creación de una Administración Tributaria Catalana como estructura de Estado.

Según la Guardia Civil, el proyecto que pretendían acometer los responsables del Govern, y que por sus características "previsiblemente debía ser financiado con fondos públicos", tenía como finalidad "dotar a la Generalitat de una herramienta propia a partir de la cual poder valorar los inmuebles sobre los que posteriormente debían calcularse los tributos a la propiedad de los mismos", como el IBI.

"Se trataba, por tanto, de crear un catastro propio antes de romper con el catastro español para asegurar que no quede interrumpida una herramienta básica para el cálculo de los citados impuestos, además de para otro tipo de funciones relacionadas con la ordenación del territorio", advierte el informe.

La Guardia Civil basa sus sospechas en varios documentos hallados en el registro al despacho del exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, imputado en la causa, que permiten observar "de forma inequívoca" la "clara voluntad" que tenían algunos altos cargos del Govern de impulsar la creación de estructuras de Estado que permitiesen la formación de un nuevo Estado independiente.

"La importancia de estos documentos radica precisamente en que gracias a ellos se ha podido comprobar la existencia de un proyecto de creación de un catastro independiente del español, el cual habría sido impulsado por las propias autoridades de Cataluña", apunta el informe.

En concreto, en el despacho de Salvadó la Guardia Civil localizó una carta oficial, con el membrete de la Generalitat, remitida el 1 de marzo de 2016 por el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font -que aún se mantiene en el cargo tras la constitución del nuevo Govern-, en la que afirmaba que en el proceso de formación de un Estado "hay un triángulo muy importante que es el conformado por el Urbanismo, el Catastro y la Cartografía".

"En nuestro caso, tenemos dos vértices muy avanzados, pero nos falta asumir el catastro por parte del Govern de Cataluña, conectado al triángulo citado", añadía Font.

Por este motivo, el alto cargo de Infraestructuras y Movilidad sugería a Salvadó que recibiera al director del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) para abordar esta cuestión.

A partir de esta carta, la Guardia Civil deduce que para la Generalitat la creación de un catastro propio era una "necesidad básica para completar el proceso de formación de un nuevo Estado".

"Resulta relevante el hecho de que este cargo propusiese una iniciativa de este tipo utilizando para ello un documento oficial con membrete de la Generalitat y un cauce también oficial entre dos administraciones públicas, circunstancia que constatan los registros de entrada y salida que se observan en el propio documento", reseña el informe.

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Además, entre la documentación intervenida a Salvadó cuando fue detenido el pasado 20 de septiembre, en una operación de la Guardia Civil contra el 1-O, también se hallaron dos borradores de contrato sobre el encargo de la Agencia Tributaria de Cataluña al Instituto Cartográfico de un informe para la elaboración de una propuesta sobre la gestión y mantenimiento del catastro.