La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que algunos de los dirigentes independentistas encarcelados por el 1-O ya han cumplido prácticamente dos años de cárcel, por lo que están a punto de cumplir los plazos establecidos para comenzar a recibir beneficios penitenciarios, y ha insistido en que tendrán las "mismas garantías" y "mismos derechos" que el resto de presos en cárceles catalanas.

En la rueda de prensa posterior a un Consell Executiu extraordinario por la sentencia del Tribunal Supremo, ha explicado que el Govern no ha puesto "sobre la mesa ningún calendario" para conceder los beneficios como el tercer grado. Ha señalado que la concesión de estos beneficios depende de la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat, que deberá estudiar esta cuestión "cuando sea el momento".

Al ser preguntada sobre la petición de amnistía, Budó ha destacado que trabajarán para conseguirla y que estudiarán como articularla jurídicamente, pero ha lamentado que ministros del Gobierno central ya la hayan rechazado: "Creemos que todo debe ser posible y que pasa por voluntad política".

"No nos hemos cansado nunca de pedir diálogo y una resolución política de un conflicto político", por lo que considera necesario que el diálogo con el Estado sirva para hablar de todo, incluso de la amnistía de los presos del 1-O.

CONTRADICCIONES

Meritxell Budó ha admitido también que garantizar a la vez la seguridad y el derecho a la manifestación contra la sentencia del 'procés' acarrea "contradicciones difíciles de resolver". Budó ha respondido a las críticas de algunos partidos por las cargas policiales asegurando que el Govern va a mantener un "criterio de prudencia", y que primero van a "revisar todas las imágenes" antes de realizar cualquier manifestación.  Ha remarcado que el Govern debe actuar para garantizar la seguridad y el "normal funcionamiento" de Cataluña y sus infraestructuras, a la vez que debe garantizar el derecho a la manifestación, y esto acarrea a veces "contradicciones difíciles de resolver". Si bien ha dejado claro que el Ejecutivo llamó a manifestarse tras conocerse la sentencia, ha remarcado que no hubo una apelación a hacerlo en el Aeropuerto de Barcelona.

La consellera incluso ha asegurado que el Govern "no conocía" las acciones que tenía preparadas Tsunami Democràtic, una iniciativa con dirección anónima que apoyaron diversos miembros del Ejecutivo cuando se dio a conocer por las redes sociales hace unos meses.  En todo caso, ha afirmado que el Govern "comparte la rabia de la gente" ante la sentencia del 'procés' y "comparte" que los ciudadanos expresaran su "solidaridad y empatía" con manifestaciones de forma "pacífica y cívica", pero también con "acciones contundentes como es el colapso de una infraestructura tan importante como el Aeropuerto de El Prat".

 Ha puntualizado, en todo caso, que hubo 220 concentraciones en Cataluña que "muy mayoritariamente" fueron pacíficas y que hubo acciones "puntuales" no cívicas, en las que actuaron los cuerpos de seguridad.