La Generalitat ha justificado ante el juez los 6.426 euros que gastó en seis viajes al extranjero, con los que la Guardia Civil sospecha que buscaba formas para financiar Cataluña ante una eventual independencia, alegando que cumplió la ley y actuó en una operativa "normal" como "otras autonomías".

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Generalitat responde así al requerimiento del titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que solicitó a la administración catalana que detallara el coste de seis viajes efectuados por altos cargos del Govern, entre ellos el actual vicepresidente catalán, Pere Aragonès, entre octubre de 2016 y enero de 2017 a Irlanda, Flandes, Londres, Noruega y Eslovenia (dos, aunque uno acabó siendo anulado).

El juez, que investiga a varios exaltos cargos del Govern por el 1-O, requirió a la Generalitat información sobre estos viajes después de que la Guardia Civil advirtiera de que tenía sospechas de que el propósito de las reuniones programadas era buscar formas de financiación exterior de una Cataluña independiente.

"Se ha podido determinar que todas estas reuniones tuvieron como principal objetivo tratar cuestiones vinculadas con la futura financiación exterior de una Cataluña independiente", concluía la Guardia Civil, que sostenía que los gastos podrían implicar un delito de malversación de caudales públicos.

Por el contrario, en un escrito que responde al requerimiento del juez, el secretario general del departamento de Vicepresidencia de la Generalitat, Albert Castellanos, alega que estos viajes se enmarcan "dentro de la normal operativa que otras comunidades autónomas ya llevan a cabo ordinariamente, y por tanto bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente", para acceder a los mercados internacionales de operaciones de deuda.

Según la Generalitat, desde que en verano de 2012 entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la administración catalana tenía restringido el acceso a los mercados financieros, por lo que el Gobierno habilitó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para aportar dinero a las comunidades autónomas.

"Este instrumento (el FLA) era la principal fuente de financiación externa de la Generalitat y tenía un carácter extraordinario", recuerda el escrito.

No obstante, a partir del año 2016, cuando la economía empezó a mejorar, hasta el punto de que el PIB creció en un 3,4 %, la Generalitat planteó la posibilidad de acceder a los mercados internacionales "con el objetivo de acceder a una financiación con el menor coste posible", según sostiene el escrito.

"Se debe remarcar -precisa la Generalitat- que una mejora en este ámbito también provoca una mejora de las macromagnitudes de Contabilidad Nacional del Estado español".

Ante esta situación, el departamento de Vicepresidencia inició las actuaciones para acceder a los mercados internacionales, aunque siempre dentro de la "normal operativa" como otras autonomías y cumpliendo de forma "estricta" la ley, según alega la Generalitat.

Según el escrito, el objetivo de los viajes consistió en un "intercambio de conocimientos sobre economía internacional y el sector financiero", y más concretamente "sobre las consecuencias de la crisis económica".

Las reuniones también permitieron "adquirir conocimientos y buenas prácticas" sobre la financiación pública y la tesorería, al tiempo que sirvieron para explicar la "solidez" de la economía catalana a efectos de lograr "posibles inversores".

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Otros viajes se planificaron, según la Generalitat, para afrontar la modernización digital de la administración tributaria, en el marco de los principios de eficiencia, eficacia y simplificación administrativa que defiende la secretaría de Hacienda de la Generalitat en el marco de sus competencias propias y delegadas.

En el escrito remitido al juez, la Generalitat admite que no consta el orden del día de las reuniones realizadas ni una memoria justificativa de los viajes bajo sospecha, que se efectuaron entre octubre de 2016 y enero de 2017.

En concreto, del 24 al 25 de octubre de 2016, el entonces secretario de Economía Pere Aragonès, la exdirectora general de Análisis Económico Natàlia Mas y un técnico viajaron a Irlanda, con un coste de 1.515 euros, que incluía transporte, alojamiento y taxi.

Posteriormente, del 20 al 22 de noviembre de 2016, el exsecretario de Hacienda Josep Lluis Salvadó viajó a Flandes, con un coste de 1.069 euros; Aragonès y Natàlia Mas fueron a Londres del 12 al 13 de diciembre de 2016 por 826 euros; y un técnico de Análisis Económico fue a Noruega del 12 al 13 de diciembre de 2016, por 759,81 euros.

La Generalitat también detalla al juez que Aragonès, Natàlia Mas y una persona externa se desplazaron a Eslovenia del 8 al 11 de enero de 2017, con un coste de 2.410 euros, mientras Salvadó anuló a última hora un viaje a Eslovenia previsto entre el 29 y el 31 de enero de 2017, por el que ya había abonado 129,34 euros en billetes de transporte, que no se pudieron recuperar.