El Gobierno Vasco plantea tras el fin de ETA "deconstruir la cultura de excepcionalidad" y el corpus penal y procesal de la política penitenciaria tras el fin de ETA para reorientarla desde los principios de "humanidad, proporcionalidad y resocialización".

El Ejecutivo de Vitoria ha presentado este viernes el borrador del Plan Udaberri (Primavera) 2024 que pretende contribuir a lograr una "convivencia conciliada" en Euskadi a través del ejercicio de "todos los derechos humanos de todas las personas" que viven en Euskadi.

Este proyecto se abrirá ahora a un amplio proceso de contraste con instituciones, entidades y agentes con el horizonte de que la aprobación definitiva tenga lugar en septiembre.

El plan incluye tres ámbitos: la agenda vasca para la convivencia, la agenda global de los derechos humanos y la agenda para la diversidad.

La primera de ellas insiste en que la violencia de ETA "no fue una consecuencia natural de un conflicto político, sino el resultado de la sinrazón de una decisión voluntaria y consciente".

Recuerda que la sociedad vasca también ha sido "víctima de vulneraciones de derechos humanos" por parte de grupos terroristas de extrema derecha y que también el Estado "ha hecho en ocasiones un uso ilegítimo de la violencia".

Propone impulsar la ley sobre memoria histórica y democrática de Euskadi, y desarrollar iniciativas para el fomento de una memoria abierta, inclusiva, crítica y ética para todas las víctimas.

Dentro de este primer apartado del plan se apuesta además por la "normalización de la política penitenciaria", que el Ejecutivo vasco considera que sigue siendo una "asignatura pendiente", y que su superación permitirá "desactivar un factor de desestabilización para convertirlo en un factor de consolidación de la paz".

Tras apuntar que el fin último de toda política penitenciaria es la reintegración y resocialización de los penados, el plan recuerda que tras el fin de la violencia de ETA se debe "deconstruir la cultura de excepcionalidad" de la legislación y régimen penitenciario y reorientarlos.

Subraya que paralelamente a esta normalización de la política penitenciaria deben erradicarse los denominados "ongietorris" públicos, los recibimientos a expresos de ETA, ya que "más allá de su dimensión humana, afectiva, personal y familiar", suponen una "exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y una revictimización de las víctimas".

Se recuerda que a partir del 1 de octubre el Gobierno Vasco se va a hacer cargo de la gestión de las prisiones de la comunidad autónoma, lo que "posibilitará" avanzar hacia un modelo penitenciario propio basado en la "individualización, humanidad, reconocimiento del daño causado, enfoque restaurativo, potenciación del régimen abierto y reintegración y resocialización post penitenciaria".

En el texto se reconoce que la materialización de la transferencia y el desarrollo del modelo penitenciario propio "trascienden el ámbito de aplicación" de este plan.

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La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha dicho que la sociedad vasca asume, tras diez años sin ETA, que en la política penitenciaria no tienen que darse "excepcionalidades" y que los presos deben cumplir sus condenas en su "entorno más próximo" para facilitar su reinserción y resocialización.