El Gobierno español va a aprobar la retirada del recurso que presentó el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la denominada ley vasca de abusos policiales en la próxima reunión del Consejo de Ministros, según han adelantado hoy fuentes del Gobierno Vasco.

La Comisión Técnica Bilateral de ambos ejecutivos mantuvieron el pasado viernes un contacto después de conocer que el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el grueso de la ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que también fue recurrida por el Gobierno del PP, al estimar que invade competencias del Poder Judicial.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, reconocer y reparar a las víctimas no merece reproche constitucional alguno, pero la ley persigue, en general, "fijar la verdad de lo sucedido".

El Gobierno de Mariano Rajoy también llevó en 2017 ante el Constitucional la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999, varios de cuyos artículos quedaron suspendidos temporalmente con la admisión a trámite del escrito.

Como en el caso navarro, el Ejecutivo esgrimió que la comisión de valoración creada por esa norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no podía entrar a valorar casos de violencia policial porque es una labor que compete a los jueces.

Pero en la comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco celebrada la semana pasada en Madrid se acordó la retirada del recurso antes de las vacaciones de verano a cambio de introducir unos cambios en la norma.

En el contacto del pasado viernes, según fuentes del Ejecutivo de Vitoria, ambos gobiernos "revalidaron el doble compromiso" por el que el Gobierno español retirará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca y el autonómico promoverá una reforma en la que se "matizará, concretará y acotará la ley para reforzar las garantías jurídicas y constitucionales" de la norma.

Este doble compromiso será firmado, antes de finalizar este mes de julio, por la ministra de Política Territorial, Meritxell Battet, y el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, según las fuentes.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha manifestado su "respeto" a las resoluciones de los jueces y tribunales aunque,"como es el caso, no las comparta" y asegura que va a analizar "con sosiego" la sentencia porque la existencia de votos particulares demuestra "que se ha tratado de una decisión que ha suscitado debate interno dentro del propio TC".

Además, ha argumentado que la ley vasca y la ley navarra, si bien comparten el objetivo de reconocer y reparar a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, "son diferentes", ya que la de Euskadi "se elaboró en el marco de las competencias de asistencia social y desarrollo comunitario. Está claro y explicitado así en la exposición de motivos, objeto y articulado de la norma".

"El objetivo del Gobierno Vasco nunca ha sido sustituir a los tribunales o hacer un señalamiento de culpas, sino el derecho al reconocimiento y la reparación estas víctimas como se ha expresado en numerosas ocasiones", han concluido las fuentes del Ejecutivo de Vitoria.