El Gobierno remite al Govern de la Generalitat para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en la escuela pública catalana, ya que subraya que es a quien le compete.

Después de que el martes se hiciera pública esa sentencia, fuentes del Ejecutivo han recalcado que la obligación de ejecutar la sentencia es del Govern de Pere Aragonés, no del Gobierno central.

En ese mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por los periodistas por la posibilidad de que vayan a instar al Govern a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.

"El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos", ha señalado en los pasillos del Congreso tras defender ante el pleno de la Cámara la parte del proyecto de ley de presupuestos correspondiente a su departamento.