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El Gobierno recurre al Constitucional la ley antidesahucios de Cataluña

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022) que incluía medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:55

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022) que incluía medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Según consta en las referencias, el Consejo de Ministros solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de este recurso que afectará a un único punto de la ley, ya que, según el Gobierno, se ha alcanzado un acuerdo parcial con la Generalitat para modificar otros aspectos de la normativa.

Lo que cuestiona el Gobierno es una disposición adicional que recoge la necesidad de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales o de reclamar una deuda hipotecaria o un desahucio en determinadas circunstancias específicas cuando las viviendas pertenezcan a grandes tenedores.

El Ejecutivo considera que esa disposición adicional afecta a la regulación de la propiedad privada (al artículo 33 de la Constitución Española) y a la competencia en materia de legislación civil.

Entiende además el Gobierno que se vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad y la competencia exclusiva del Estado en legislación sobre expropiación forzosa.

El Consejo de Ministros recuerda que el Tribunal Constitucional ya anuló esos preceptos en una sentencia de 2021 que se refería al decreto ley de la Generalitat con medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Aunque el Gobierno y Cataluña negociaban para evitar este recurso, el plazo para impugnar la norma acaba este miércoles 7 de diciembre.

Precisamente este lunes, el grupo promotor de la ley contra la pobreza energética y los desahucios en Cataluña, formado por el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña y la Alianza Contra la Pobreza Energética, había exigido al Gobierno no impugnar la norma.

"Sería difícil entender que un gobierno formado por dos partidos progresistas y que el pasado mes de marzo votaron a favor de aprobar esta ley en el Parlament de Cataluña sean ahora impulsores de una posible impugnación de la ley, o de alguna de las medidas que incluye, en el Tribunal Constitucional", lamentaba ese grupo.

Según un informe presentado por las entidades impulsoras el pasado mes de julio, la ley catalana habría detenido entre 5.000 y 11.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Cataluña, recordaba este grupo, que apelaba a la responsabilidad de las instituciones en relación con el derecho constitucional a una vivienda digna.

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