El Gobierno quiere modificar la Ley de Memoria Histórica para reformar a su vez la normativa de condecoraciones a las fuerzas de seguridad y regular así la retirada de medallas, como sería el caso de las concedidas en su día al inspector de Policía en el franquismo conocido como Billy el Niño.

Para ello, según ha recordado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en declaraciones a los periodistas tras presentar una campaña de lucha contra la explotación laboral, se ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley de Memoria Histórica.

El objetivo es modificar las leyes de condecoraciones de Guardia Civil y Policía Nacional y, de este modo regular la retirada de las mismas si procede.

La semana pasada el Gobierno reconoció en una respuesta parlamentaria a la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia que estudiaba la fórmula para proceder a la retirada de las cuatro medallas con las que fue distinguido el policía jubilado de la Brigada Político Social en el franquismo Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.

El Ejecutivo explicó que "se está procediendo a estudiar y analizar el actual marco normativo regulador de las condecoraciones y recompensas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el firme propósito de poder alcanzar un consenso en la materia, donde el concepto de ejemplaridad pueda estar expresamente definido y se eviten casos como el que nos ocupa".

En su respuesta, el Gobierno admite que actualmente no se ha retirado este tipo de condecoraciones a ninguna persona, pues en la normativa "no está regulada la posibilidad de retirada de las mismas".

Por otro lado, el ministro ha sido preguntado por las manifestaciones del excomisario José Villarejo, quien ayer señaló ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que la investigación del 11M se cerró en falso y vinculó esos "luctuosos" acontecimientos con el espionaje del BBVA.

Marlaska no ha querido entrar en esas declaraciones y se ha limitado a asegurar que "solo" tiene "confianza" en la investigación judicial y en la coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la sección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Las resoluciones judiciales son, a su juicio, lo que tiene entidad y no la valoración que no corresponde hacer al Ministerio del Interior, ha concluido.