El Gobierno planea trasladar al resto de instituciones cuya renovación está bloqueada por la falta de acuerdo con el PP la misma hoja de ruta que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y está decidido a impulsar esos cambios "uno detrás de otro" con negociación si se puede, y si no, explorar otras vías.

Fuentes del Gobierno han defendido que no les quedaba más opción que plantear una reforma de la ley que regula la elección de los vocales del CGPJ debido al enroque del PP, con quien entienden en el Ejecutivo que no hay "forma humana" de pactar.

"La amenaza es el PP bloqueando", defienden en el Gobierno, dispuesto a buscar el modo de renovar otras instituciones pendientes como podrían ser Radio Televisión Española (RTVE) y el Defensor del Pueblo.

El Ejecutivo defiende además que esa reforma en el CGPJ se impulse desde el poder legislativo porque entiende que son las Cámaras las que están concernidas y que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, apeló a los grupos políticos para acabar con el bloqueo.

Porque el Ejecutivo, según esa visión, no está concernido en la reforma y los grupos políticos sí, así que deben ser ahora los partidos quienes debatan la salida a esa reforma.

Ante las críticas de los jueces, esas fuentes entienden que el Gobierno cree que tienen derecho a criticar "por corporativismo" pero no desde el punto de vista constitucional.

El Gobierno lamenta además lo que considera una deriva del PP, que impulsó en 2013 una reforma legal similar para el CGPJ, y que ahora se sitúa en una posición en la que parece que si su formación no gobierna en España no hay democracia, lamentan las fuentes.

Y se preguntan además esas fuentes cuánto más habría que esperar para poder realizar los cambios y para qué.