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El Gobierno pasa la pelota al Supremo para que unifique las restricciones tras el estado de alarma

Los gobiernos autonómicos podrán recurrir al Supremo si el tribunal superior de su comunidad anula alguna de las restricciones que impongan para frenar el coronavirus

Consejo de Ministros

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:51

El Gobierno de Pedro Sánchez se sustituirá el estado de alarma que decae el domingo por el paraguas que ofrecerá el Tribunal Supremo ante las medidas y las restricciones que tengan que adoptar las CCAA si empeoran los datos de la pandemia. Es una decisión que evitará que se repita el caos del pasado verano y si los tribunales superiores de justicia autonómicos tumban las medidas de los gobiernos regionales, éstos tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo que sentará doctrina.

El Consejo de Ministros ha aprobado así un decreto que permitirá a los gobiernos autonómicos acudir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones de movilidad que se puedan interponer cuando expire el estado de alarma el 9 de mayo, por presunta vulneración de derechos fundamentales.

El decreto aprobado también extenderá algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma que acaba el próximo domingo, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables.

Fuente del Gobierno han señalado que con el nuevo decreto ley los gobiernos autonómicos podrán recurrir al Supremo si el tribunal superior de justicia de su comunidad anula alguna de las restricciones que impongan para frenar el coronavirus tras el fin del estado de alarma.

Con esta medida el Ejecutivo intenta evitar disparidad de criterios jurídicos entre territorios ya que habilita a los gobiernos autonómicos a presentar un recurso de casación ante el Supremo, que podría sentar jurisprudencia.

Con el fin del estado de alarma, las medidas que impliquen limitar derechos necesitan de aval judicial.

Otras de las medidas que se prolongarán a partir del 9 de mayo será el las vinculadas a controlar los pasajeros internacionales.

También se extiende la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID, así como mantener la suspensión de las reuniones de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre de este año.

Una decisión que el Ejecutivo recalca que no tiene marcha atrás y ante la que insiste que las comunidades tienen instrumentos suficientes para hacerle frente sin necesidad de aprobar nuevas herramientas legales.

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