El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que el Gobierno insistirá en su intento de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para sacar adelante reformas de leyes como la de enjuiciamiento criminal, del poder judicial y de protección de datos y de los códigos penal, civil y de comercio.

Asimismo, Catalá ha dicho que quiere mejorar la percepción de independencia de la justicia, para lo que cree necesario revisar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de tribunales superiores de Justicia y regular situaciones de tránsito profesional entre la justicia y la política.

Rafael Catalá ha realizado estas manifestaciones en el Foro Debate sobre la reforma de la Justicia, organizado por el Consejo General de Procuradores.

El titular de Justicia ha lamentado que varias fuerzas políticas abandonaran la Subcomisión creada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para abordar estas reformas a pesar de que fue aprobada por unanimidad y suponía el cumplimiento de la medida más importante suscrita en el acuerdo entre PP y Ciudadanos, que colocaba a la justicia entre una de las prioridades del Estado.

"Finalmente, fruto de alguna discrepancia política no se ha tenido la capacidad de cerrar acuerdos", ha abundado el ministro.

Ha anunciado, no obstante, que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales y las fuerzas políticas que quieran sumarse porque "tienen un valor incalculable y cuentan con el aval de las asociaciones del sector que las incluyen en sus reivindicaciones".

De esta forma, el ministro ha adelantado que "el Gobierno va a presentar propuestas de reformas legislativas de los grandes asuntos que están pendientes porque los profesionales están demandándolas y no les podemos fallar ni a ellos ni a la comunidad jurídica y vamos a insistir ante los representantes políticos para que se lleven adelante".

En concreto se ha comprometido a trabajar para que durante el primer semestre del año se puedan mejorar los mecanismos de cooperación jurídica internacional, como ya se ha propuesto hacer con la regulación de la Orden Europea de Investigación, con la que se pretende facilitar la obtención de pruebas en asuntos judiciales de dimensión transfronteriza.

Igualmente, para contar con una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que incorpore el reglamento europeo al ordenamiento español y perfeccione el actual régimen español en materia de transparencia, control, prevención y corresponsabilidad.

Además impulsar la reforma del Código Penal que permita transponer directivas europeas al derecho español en el ámbito financiero y en la lucha contra el terrorismo.

De cara al segundo semestre del año el ministro ha señalado que es intención de su departamento reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los tiempos de respuesta y que sea más eficaz en la persecución del delito.

Asimismo, que la Fiscalía cuente con un nuevo Estatuto Orgánico que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del Cuerpo y trabajar en un nuevo Código de Comercio y en la revisión del derecho español de obligaciones y contratos.

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El ministro ha expresado también su voluntad de crear 75 nuevas unidades judiciales y 300 nuevas plazas de jueces y fiscales.