El Gobierno "mantiene un reproche general" al informe del Consejo de Europa sobre los presos del procés, además de apreciar "un vicio de origen" e incoherencias, pues cuestiona la libertad de expresión de los políticos en España e insta al Ejecutivo "a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes".

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó este lunes una resolución que insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional", así como "la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradición" en vigor contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos.

El texto, cuyo ponente fue el legislador letón Boris Cilevics, aborda la situación de los políticos kurdos encarcelados en Turquía y de los políticos catalanes en prisión.

El Ministerio de Asuntos Exteriores explica en un comunicado que el informe avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad. Además, valora que el texto haya evolucionado desde su redacción inicial a posiciones más matizadas y respetuosas con España.

"Varias de sus recomendaciones -añade- forman parte de la política diseñada por el Gobierno desde hace tiempo para encontrar una vía que permita el reencuentro entre catalanes y entre los catalanes independentistas y el resto de los españoles, como son la apertura del diálogo, la concesión de indultos o la revisión del delito de secesión".

No obstante, "persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas", advierte el comunicado.

"Este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator", lamenta el Ministerio de Exteriores.

El departamento que dirige Arancha González Laya advierte de que las recomendaciones que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones, "chocan directamente con el principio básico de la separación de poderes".

Por otra parte, el Ministerio opina que la resolución consolida la línea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, marcada en el debate del pasado 3 de junio, que reconocía a España como "una democracia vibrante, con un Estado de derecho que funciona, con jueces independientes y con un orden constitucional que es preciso respetar".

"Reconocía también que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y que desafió los mandatos del Tribunal Constitucional", concluye Exteriores.