El Gobierno presentará su propuesta de financiación autonómica antes de que finalice el mes de noviembre, probablemente el lunes día 29 o martes 30, tras haber hablado con todas las comunidades autónomas, que defienden criterios distintos en función de las particularidades de cada territorio.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han informado de que tendrán listo el documento con la propuesta antes de que finalice el mes de noviembre, como habían previsto, para así comenzar a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, una asignatura pendiente desde que el actual modelo caducó en 2014.

Las mismas fuentes han señalado que han hablado con todas las comunidades autónomas para elaborar esta propuesta, por lo que confían en alcanzar un consenso.

Las diferencias evidenciadas hasta ahora, según recalcan, no radican en la postura de cada partido, sino en las particularidades de cada territorio.

La propuesta del Gobierno se dará a conocer tras la reunión celebrada el 23 de noviembre en Santiago de Compostela, donde ocho presidentes autonómicos de distintos partidos firmaron un documento de 35 puntos sobre la necesidad de modificar el actual modelo de financiación autonómica para que incluir criterios vinculados con el denominado reto demográfico.

En concreto, asistieron los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla; y a los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).

Por otra parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha unido fuerzas en materia de financiación con dos presidentes del PP, Juanma Moreno, de Andalucía, y Fernando López Miras, de Murcia, formando un eje mediterráneo, y con el Gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol.

El denominado eje mediterráneo reclama un revisión de los criterios de la denominada población ajustada y mecanismos de nivelación.

La Comunidad de Madrid y Cataluña tiene puntos en común sobre su modelo de financiación, según fuentes del Ministerio de Hacienda, mientras que Canarias reclama que las singularidades del archipiélago queden expresadas de forma clara dentro del nuevo sistema.